El 20 de junio de 2025, en la antesala de la segunda vuelta presidencial, el Ministerio de Defensa anunció la neutralización de un cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, reportado por la cartera como uno de los hombres de confianza de alias Iván Mordisco. Diez días después, según reportó Vanguardia, un video fechado el 27 de junio muestra a esa misma persona dirigiendo mensajes a sus estructuras y formulando críticas a la política de paz total. La consecuencia es inevitable: la versión oficial quedó en suspenso.
Lo que está en discusión no es solo el resultado de una operación en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura. Es la cadena de verificación que llevó a una cartera responsable de informar al país a presentar como hecho lo que, según el propio Ministerio, se sustentaba en datos preliminares de combate. Como recogió Vanguardia, la cartera reconoció que, al no haberse recuperado el cuerpo, la neutralización no podía darse por plenamente confirmada. Esa advertencia llegó después del anuncio, no antes.
El problema de fondo es operativo y, sobre todo, forense. Las tropas no pudieron recuperar el cadáver, Medicina Legal no realizó el levantamiento correspondiente y, por tanto, no existe certificación científica del fallecimiento. Sin cuerpo, sin dictamen forense y sin identificación positiva, lo que se comunicó al país fue una presunción elevada a categoría de comunicado oficial. La diferencia entre ambas cosas no es semántica: es la diferencia entre un hecho verificable y un relato.
Hay un segundo elemento que merece atención. La operación se anunció el 20 de junio y la segunda vuelta presidencial tuvo lugar al día siguiente. La proximidad entre ambos hechos no convierte automáticamente el anuncio en uso electoral, pero sí obliga a un estándar de verificación más exigente, no más laxo. Cuando un resultado militar se comunica en una ventana preelectoral, el escrutinio público sobre las pruebas es, por definición, mayor. El Ministerio tenía la obligación de anticipar ese escrutinio, no de responderle después.
También queda sobre la mesa una pregunta institucional que va más allá de este episodio. ¿Con qué frecuencia las Fuerzas Militares reportan neutralizaciones sin la cadena de identificación forense completa? El propio Ministerio reconoció, como reportó Vanguardia, que la información inicial se apoyó en reportes de inteligencia que carecían de verificación plena. Si ese fue el estándar aplicado al cabecilla del Bloque Occidental Jacobo Arenas, cabe preguntarse cuántas de las bajas reportadas en los últimos meses cumplen los mismos requisitos.
La verificación del video es ahora la tarea inmediata. Los peritos de inteligencia militar trabajan, según la información recogida por Vanguardia, en establecer la fecha real de la grabación para determinar si se trata de material reciente o de archivo difundido por el grupo armado tras la operación. Cualquiera de las dos hipótesis es relevante. Si es reciente, el país enfrenta la confirmación de que el cabecilla sigue activo y de que una operación de alto impacto no alcanzó su objetivo terminal. Si es antiguo, queda por explicar cómo una estructura armada en zona de operaciones logra producir y distribuir material sin que las capacidades de inteligencia lo hubieran detectado.
En ambos casos la respuesta es la misma: el Estado colombiano le debe a la ciudadanía una versión sustentada en pruebas verificables, no en comunicados de prensa. La credibilidad de la fuerza pública no se construye con victorias declaradas, sino con resultados comprobables. Un cadáver recuperado, un dictamen de Medicina Legal y una identificación positiva son el mínimo exigible para hablar de neutralización. Sin eso, lo que hubo fue un operativo en curso, no un resultado cerrado.
La respuesta definitiva, como concluye la información de Vanguardia, sigue en construcción. Mientras lo esté, el Ministerio de Defensa debería abstenerse de presentar como hecho consolidado cualquier baja que no haya pasado por la cadena forense completa. La paz total, la política de seguridad y la confianza ciudadana en las instituciones no se defienden con anuncios precipitados. Se defienden con rigor.