El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al occidente colombiano y al Eje Cafetero ha puesto a prueba no solo la resiliencia física de nuestras ciudades, sino también la capacidad de gestión institucional del Estado. Mientras los equipos de rescate y la ciudadanía atienden la emergencia con valentía, surge un interrogante técnico y político relevante: ¿por qué la asistencia internacional permanece en compás de espera? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado que sus agencias están preparadas y con personal en terreno, pero hasta el momento no han recibido una solicitud oficial de ayuda por parte del Gobierno nacional.
Esta pausa protocolaria no debe interpretarse como indiferencia multilateral ni como suficiencia local absoluta. Es, más bien, un reflejo de cómo funcionan los mecanismos de cooperación en desastres naturales bajo el derecho internacional y, simultáneamente, una señal sobre las prioridades comunicacionales y administrativas de la administración actual en medio de la crisis.
El protocolo de la asistencia humanitaria
Es fundamental entender que la arquitectura de respuesta de la ONU, coordinada por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), opera bajo el principio de soberanía. A diferencia de lo que ocurre en Estados fallidos o en zonas de conflicto activo donde el Consejo de Seguridad puede imponer corredores humanitarios, en un país institucionalmente funcional como Colombia, la ayuda externa es complementaria y subordinada a la autoridad nacional. Jens Laerke, portavoz de OCHA, fue claro al señalar que el sistema está listo, pero requiere el detonante administrativo de Bogotá.
Este mecanismo existe para evitar la duplicidad de esfuerzos y garantizar que la ayuda responda a necesidades reales y no a percepciones externas. Sin embargo, en desastres de esta magnitud, donde se reportan afectaciones críticas en servicios públicos y vías en departamentos como Chocó y Valle del Cauca, la demora en formalizar la solicitud puede tener costos operativos. La evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN) es un proceso técnico que toma tiempo, pero la activación temprana de protocolos internacionales permite preposicionar logística pesada que el país podría no tener disponible de inmediato.
Desde una perspectiva comparada regional, esta situación contrasta con respuestas recientes en Centroamérica, donde gobiernos con menor capacidad fiscal han solicitado apoyo casi de manera automática. En Colombia, la reticencia inicial puede obedecer a una evaluación correcta de capacidades propias —la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene experiencia acumulada—, pero también cabe preguntarse si existen consideraciones políticas que retrasan la aceptación visible de cooperación técnica.
Infraestructura y transparencia en la emergencia
Más allá del protocolo diplomático, la verdadera urgencia radica en la infraestructura y la información. Los reportes preliminares indican cortes en electricidad, agua y comunicaciones, además de daños viales que aíslan comunidades. Aquí es donde la mirada económica y de seguridad hemisférica se vuelve crítica. La reconstrucción no será solo un asunto humanitario de corto plazo; será un desafío fiscal y de ingeniería que requerirá recursos que exceden el margen de maniobra presupuestal actual.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya activó su mecanismo de emergencia y tiene equipos en Cali y Chocó evaluando la situación sanitaria. Esta presencia técnica es vital, pues la salud pública en zonas de desastre es el primer indicador de estabilidad social. No obstante, la falta de cifras consolidadas y actualizadas por parte del nivel central genera incertidumbre. Cuando las autoridades regionales entregan balances distintos a los nacionales, se erosiona la confianza necesaria para coordinar tanto la respuesta interna como la eventual ayuda externa.
Para nuestros socios comerciales y aliados estratégicos en Washington y Bruselas, la claridad en la gestión de desastres es un componente de la evaluación de riesgo país. Un Estado que comunica con precisión y actúa con celeridad técnica transmite solidez institucional. Por el contrario, la opacidad o la politización de la emergencia pueden afectar la percepción de gobernabilidad, justo cuando Colombia necesita mantener abiertos los canales de financiamiento y cooperación para la recuperación.
Soberanía responsable frente a la necesidad
Como atlantista y defensor del libre comercio, entiendo la importancia de la autonomía nacional. Pero la soberanía en el siglo XXI no significa aislamiento ante catástrofes; significa capacidad de articular recursos globales en beneficio local sin perder el mando. Rechazar o dilatar la ayuda internacional por orgullo ideológico o cálculo doméstico sería un error grave. Aceptarla con protocolos claros y transparencia es un acto de responsabilidad estatal.
La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental del Estado, pero también reconoce cuando la institucionalidad técnica funciona. Si la UNGRD y el Gobierno tienen la situación controlada y la demora en solicitar ayuda responde a una estrategia logística sólida, bienvenida sea esa autonomía. Pero si la vacilación obedece a descoordinación o a narrativas políticas, el costo lo pagarán las comunidades aisladas en el Pacífico y el Eje Cafetero.
El reloj corre. La ONU espera la señal. Y los colombianos afectados esperan resultados, no discursos. La prueba de fuego para esta administración no es solo gestionar la tragedia, sino demostrar que la institucionalidad prevalece sobre cualquier otra consideración en la hora más oscura.