El pronunciamiento del presidente Abelardo de La Espriella sobre el hurto de hidrocarburos dejó una cifra que ordena el debate: 123.700 barriles mensuales de productos refinados —gasolina, diésel y nafta— serían sustraídos en el poliducto que une Pozos Colorados, en Santa Marta, con el interior del país, según los datos divulgados por el propio jefe de Estado en su cuenta de X y reproducidos por Caracol Radio. Las pérdidas se concentrarían en Cesar y Magdalena, y el Ejecutivo las proyecta en más de 1,5 millones de barriles al año con un impacto superior a $500.000 millones para Ecopetrol y, por extensión, para la Nación.
La magnitud del volumen descrito exige, como punto de partida, que la metodología con la que se estiman esos barriles y esos pesos sea pública y trazable. Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda deberían publicar cómo se llega a esa cifra. Sin trazabilidad, la denuncia presidencial se vuelve un insumo más de la disputa política y pierde capacidad de exigir resultados verificables. Cualquier columnista puede coincidir en eso: una política pública se sostiene sobre datos auditables, no sobre trinos.
El segundo componente que el presidente agregó a su instrucción es el que vuelve la situación estructuralmente grave. Según el pronunciamiento presidencial reproducido por Caracol Radio, parte de esos combustibles estaría siendo utilizada como insumo en el procesamiento ilícito de cocaína. Si esa conexión se confirma —y la orden pide expresamente determinarla—, el robo a Ecopetrol dejaría de ser un hecho aislado de orden público y se convertiría en un eslabón documentado de la cadena de financiación de organizaciones armadas. El antecedente existe: el Oleoducto Trasandino (OTA) y el Caño Limón-Coveñas llevan años reportados como puntos críticos de apoderamiento ilegal de crudo.
La instrucción dirigida al Ministro de Defensa constituye, en los hechos, un reconocimiento de que el modelo centrado exclusivamente en quien perfora el tubo resultó insuficiente. El presidente pidió una operación conjunta de Fuerzas Militares, Policía, Ecopetrol y Fiscalía, articulada con inteligencia, control territorial, judicialización y extinción de dominio sobre vehículos, predios y depósitos. Solicitó, además, un informe periódico de avances. Es el tipo de orden que, sobre el papel, contiene los componentes correctos.
Sobre el papel, porque en la práctica las operaciones contra el hurto de hidrocarburos han sido históricamente intermitentes en regiones como el Catatumbo y el sur de Bolívar. La diferencia entre un anuncio y una política pública es la continuidad operativa y presupuestal, no la intensidad del comunicado. Y eso plantea una pregunta incómoda: ¿cuántas operaciones conjuntas de este tipo se han ordenado en la última década sin que las cifras de barriles hurtados hayan bajado de forma sostenida? La respuesta la conocen la Contraloría y la Procuraduría, que han documentado estas fallas en informes previos.
Hay, además, un tercer frente que define si la cadena se desarticula o se recompone: la judicialización efectiva. ¿De qué sirve capturar carrotanques si los bienes quedan en manos de los mismos dueños por vencimiento de términos o por sentencias que no ejecutan la extinción de dominio? La Fiscalía y los jueces especializados son la pieza que decide si la operación pasa de los titulares a los expedientes. El historial reciente invita al escepticismo: los procesos por apoderamiento ilegal de crudo rara vez terminan en condenas ejecutoriadas contra las cabezas de las estructuras logísticas.
La orden está dada. Ahora corresponde medirla por resultados, no por declaraciones. Cada barril hurtado es patrimonio de los colombianos. Y ese patrimonio solo se recupera con operaciones sostenidas, inteligencia financiera, extinción de dominio aplicada y sentencias ejecutadas. Lo demás es el archivo de los anuncios.