Juliana Uribe Villegas, directora ejecutiva de Movilizatorio, escribió recientemente en La Silla Vacía un llamado a la participación electoral centrado en la idea de que abstenerse es entregar la voz al conformismo. El argumento tiene peso: Colombia ha conquistado el sufragio a través de conflicto prolongado, y desaprovecharlo sería un desperdicio de esa herencia. Pero hay un punto que merece examinarse con frialdad.
La tesis de Uribe Villegas descansa en una premisa emocional: que votar es un acto de resistencia contra la violencia histórica. Es una lectura noble, pero incompleta. El voto no es un homenaje a quienes murieron por conquistarlo. Es una herramienta de poder presente. Y como toda herramienta, su valor depende de qué tan bien funciona.
La pregunta que debería hacerse antes del 31 de mayo no es si debo votar por lealtad a la historia. Es si mi voto, depositado en las condiciones políticas actuales, tiene probabilidad real de incidir en políticas concretas que afecten mi vida. Eso es diferente.
Tomemos un ejemplo documentado. En 2022, la participación electoral fue del 58,2 por ciento. Fue considerada alta. El gobierno electo obtuvo un mandato, pero desde entonces ha enfrentado bloqueos legislativos, fricciones con la rama judicial y dificultades para ejecutar su agenda. Esto no invalida el voto de quienes participaron. Pero sí sugiere que la participación electoral, por sí sola, no garantiza que las decisiones de los votantes se traduzcan en resultados.
El abstencionismo en Colombia tiene causas estructurales que no se resuelven con retórica de resistencia. Según datos del Registro Nacional del Estado Civil, la abstención juvenil es particularmente alta en municipios donde la presencia estatal es débil, donde la violencia criminal persiste y donde los servicios públicos son deficientes. En esos territorios, la gente no se abstiene por conformismo. Se abstiene porque la experiencia les enseña que el resultado electoral no cambia su realidad material.
Uribe Villegas menciona que hay trece millones de jóvenes habilitados para votar. Es un dato correcto. Pero también es cierto que en 2022, según la Registraduría, la participación de ese grupo fue del 46 por ciento. Eso no es negligencia cívica. Es una señal de que el sistema de representación no está conectando con esa población de forma que les parezca relevante.
Lo que falta en el discurso de la participación como acto de fe es el análisis de oferta política. ¿Qué opciones concretas tiene el votante? ¿Cuáles son los programas específicos de salud, empleo, educación que cada candidato propone? ¿Hay diferencias sustantivas entre ellos o son variaciones sobre el mismo modelo? Cuando esas preguntas no tienen respuesta clara, el voto se convierte en un acto de esperanza, no de poder.
Esto no es argumento para no votar. Es argumento para votar con criterio, como dice Uribe Villegas. Pero el criterio requiere información que muchos votantes no tienen acceso. Requiere que los candidatos presenten propuestas verificables, no promesas genéricas. Y requiere que los medios de comunicación hagan su trabajo de escrutinio.
Desde La Bitácora, creemos que el Estado de derecho depende de instituciones que funcionan, no de la buena voluntad de los ciudadanos. La participación electoral es importante, pero no es suficiente. Un votante informado que elige un candidato con programa claro tiene más poder que un votante movilizado por nostalgia cívica que elige por intuición.
El 31 de mayo, la pregunta no debería ser “¿voto para no traicionar a quienes murieron por este derecho?”. Debería ser “¿cuál de estas opciones tiene más probabilidad de gobernar de forma que respete la Constitución, que fortalezca las instituciones y que ejecute las políticas que necesito?”. Eso es votar como acto político, no como acto de fe.
Colombia no necesita más gente que vote por deber. Necesita más gente que vote porque sabe qué quiere y cómo pedirlo. Eso es lo que cambiaría las cosas.