¿Es posible criticar una política de paz sin ser acusado de enemigo de la paz? Esa pregunta, que atraviesa la coyuntura colombiana desde hace décadas, ha cobrado renovada urgencia en torno a la candidatura de Iván Cepeda y a la herencia de la llamada “Paz Total”. La respuesta, como suele ocurrir en política, exige separar lo que Tocqueville habría distinguido como el principio democrático permanente y el accidente administrativo contingente.
La tesis central del artículo publicado por La Nación de Neiva —que la paz es deber, no delito— es, en su formulación abstracta, inobjetable. La tradición republicana, desde Cicerón hasta nuestra Constitución de 1991, ha situado la pax entre los fines legítimos del res publica. Los colombianos sabemos, con dolorosa intimidad, que la guerra perpetua no es destino inevitable: Belisario Betancur la intentó desde la derecha democrática, Andrés Pastrana desde el centro, Álvaro Uribe desde una concepción distinta de las condiciones, Juan Manuel Santos desde la perseverancia negociadora. Ninguno de estos esfuerzos fue idéntico; todos compartieron la convicción de que la violencia organizada debía cederle paso a la política institucional. Reconocer esta pluralidad histórica es antídoto contra la apropiación sectaria de un bien público.
Pero aquí surge la tensión que el discurso oficial suele eludir. Que la paz sea deber moral no implica que cualquier estrategia encarnada en un programa de gobierno sea immune a crítica. La “Paz Total” del presidente Petro no fue la primera política de acercamiento con actores armados, ni será la última; fue, sin embargo, una determinada arquitectura de negociación simultánea, de reconocimiento político, de gestión territorial, cuyos resultados pueden —y deben— evaluarse con el mismo rigor que aplicaríamos a una reforma tributaria o a una política de salud. Confundir la evaluación de medios con la negación del fin es un sofisma que daña la deliberación democrática. Como enseñaba Karl Popper, la sociedad abierta se distingue precisamente por su capacidad de someter a prueba las políticas concretas sin que ello se interprete como traición a los valores que las inspiran.
Los hechos, como siempre, son terquedad que impone modestia. El propio senador Cepeda, en su condición de gestor y crítico simultáneo del proceso, ha reconocido errores y rectificaciones necesarias. Los grupos con los que se negoció —disidencias de las Farc, el ELN, estructuras del narcotráfico— han demostrado, en demasiados casos, que la voluntad de transformación era retórica incompatible con la práctica del enriquecimiento ilegal, el control territorial y la extorsión sistemática. Martin Luther King Jr., citado acertadamente en el texto original, advertía que la verdadera paz no es mera ausencia de tensión sino presencia de justicia. Mutatis mutandis, cabe añadir que tampoco es mera presencia de mesas de diálogo: requiere compromisos verificables, metas exigibles, rendición de cuentas.
La democracia colombiana, en su ciclo electoral actual, enfrenta una transición probable de gobierno. Es casi seguro que la “Paz Total” tal como fue concebida —con su simultaneidad negociadora, su amplitud programática, sus apuestas institucionales particulares— no continuará en la próxima administración. Esto no significa, como tampoco significaría lo contrario, que la paz deje de ser política de Estado. Quien ocupe la Casa de Nariño en 2026 heredará la obligación ética y constitucional de buscarla por caminos que el Congreso, la opinión pública y las circunstancias legitimarán o rechazarán.
La lección, si queremos extraerla con la serenidad que la materia exige, es doble. Primera: la criminalización de los esfuerzos de paz —cualquiera sea su autor— corrompe el debate público y alimenta el autoritarismo moral que Hannah Arendt identificaba como preámbulo del totalitarismo. Segunda: la inmunización de una política de paz contra la crítica —cualquiera sea su autor— paraliza la corrección de errores y condena al fracaso institucional. Los colombianos debemos exigirnos ambas cosas: la defensa del principio y la exigencia del resultado. La paz, en última instancia, no es programa de gobierno alguno: es horizonte permanente de la política en sociedades que han sufrido la violencia como la nuestra. Y como horizonte, se acerca o se aleja según los pasos concretos que demos, no según los eslóganes que invoquemos.