La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, por hechos que, según la queja presentada por el representante legal de la Red de Veedurías de Colombia, podrían configurar utilización indebida de recursos públicos, actividades institucionales y canales oficiales de la Gobernación en el marco de la campaña presidencial de 2026. El expediente quedó formalizado mediante un auto que ordena la etapa probatoria, como reportó Infobae.
De acuerdo con la denuncia, durante la primera y la segunda vuelta se habrían realizado actividades oficiales en distintos municipios boyacenses, difundidas a través de la página web y las redes sociales de la administración departamental. El expediente incluye como hechos objeto de análisis anuncios de inversiones, entregas de recursos, suscripción de compromisos y la presencia del gobernador en eventos masivos. La Procuraduría busca establecer si esas actuaciones constituyeron intervención directa o indirecta en controversias políticas o si se habría usado de manera indebida la investidura del cargo.
El auto, según Infobae, se refiere de manera general a una posible incidencia en favor de un candidato presidencial. La propia queja, de acuerdo con lo reseñado por ese medio, alude a una presunta participación a favor del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda, aunque esa mención proviene del texto de la denuncia y no de una determinación del Ministerio Público. La queja también señala, siempre según Infobae, que habrían existido presiones sobre alcaldes, funcionarios y contratistas del departamento, y aporta como soportes publicaciones en redes oficiales de la Gobernación y señalamientos públicos formulados por el candidato Abelardo de la Espriella.
La Red de Veedurías solicitó, además de la apertura, la suspensión provisional del gobernador hasta la culminación de la segunda vuelta, argumentando riesgo de continuidad de las conductas denunciadas y posible afectación a la recolección de pruebas. La Procuraduría deberá resolver esa solicitud en el marco del proceso.
En su respuesta, Amaya rechazó cualquier señalamiento de intervención electoral y aseguró no haber ejercido presiones sobre alcaldes, funcionarios o contratistas. El gobernador sostuvo que su prioridad es la ejecución del Plan Departamental de Desarrollo y que, en cerca de 500 visitas a municipios durante dos años y medio de gestión, su mensaje ha sido el respeto por las diferencias políticas, el voto libre y la convivencia democrática. La frase que repitió en sus últimas intervenciones públicas fue: “Boyacá está por encima de cualquier campaña”.
El cruce con De la Espriella añade un componente político adicional. Las diferencias entre ambos, documentadas durante la segunda vuelta, incluyen denuncias y señalamientos sobre el desarrollo del proceso electoral en el departamento, y ese material probablemente hará parte del acervo probatorio que la Procuraduría valore.
Más allá del resultado del proceso, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate conocido: los límites entre la gestión territorial y la participación política de los mandatarios regionales en épocas electorales. La Ley 617 de 2000 y el Código Disciplinario Único contemplan restricciones expresas a la intervención en política de servidores y elegidos, y la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la utilización de recursos públicos o de la posición oficial para favorecer una candidatura compromete el principio de neutralidad que debe observar la función administrativa.
Por eso la indagación no se agota en lo que haya ocurrido en Boyacá. Lo que la Procuraduría termine acreditando —o descartando— sobre las publicaciones en redes oficiales, las entregas de recursos en eventos masivos y las eventuales presiones sobre el aparato territorial servirá como referencia para cualquier gobernador o alcalde que enfrente el dilema de gestionar y, al mismo tiempo, fijar posición pública frente a una campaña nacional.
Por ahora, el expediente disciplinario avanza en fase probatoria. Habrá que seguir de cerca las pruebas que se recauden, los testimonios de funcionarios y contratistas que se practiquen y, sobre todo, la decisión final sobre la suspensión provisional solicitada por la Red de Veedurías.