La Procuraduría General de la Nación puso en marcha un equipo especial para acompañar la emergencia y la reconstrucción que dejó el sismo del pasado 10 de agosto. Según reportó El Colombiano, el procurador Gregorio Eljach dirigirá personalmente el grupo, que articulará a seis procuradurías delegadas con presencia permanente en los municipios afectados.
El mecanismo integra dependencias con competencia en vigilancia preventiva de la función pública, gestión territorial, derechos humanos, asuntos étnicos, ambientales y sociales, e incorpora las áreas de infancia, mujer y familia y la de asuntos civiles, laborales y de seguridad social. La instrucción central, de acuerdo con la información publicada, es que cada delegación reporte en tiempo real al despacho del procurador y al Viceprocurador, lo que en la práctica convierte al grupo en una sala de monitoreo cruzado sobre la totalidad de la cadena de respuesta: atención inmediata, manejo de recursos, contratación y ejecución de obras.
La decisión se entiende. Los desastres naturales suelen destapar dos problemas que Colombia arrastra de tiempo atrás: la contratación directa acelerada en emergencia y la captura política de la ayuda. Cuando se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica, las entidades territoriales pueden suscribir contratos sin licitación, con la justificación de la urgencia manifiesta. Ese atajo, útil en las primeras 72 horas, degenera con facilidad en obras infladas, estudios previos rehechos en minutos y contratistas de siempre. La propia Procuraduría lo ha documentado en emergencias anteriores, desde el fenómeno de La Niña 2010-2011 hasta la avalancha de Mocoa en 2017.
Por eso la presencia territorial ordenada por Eljach es la pieza clave del anuncio. No basta con pedir informes: hay que verificar obras, leer contratos en Secop II, cruzar el listado de beneficiarios con las bases de datos oficiales y, sobre todo, exigir que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, los gobernadores y alcaldes rindan cuentas sobre cada peso ejecutado. La Procuraduría Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial es la llamada a sostener ese pulso con mandatarios locales que, por costumbre, suelen derivar la reconstrucción a contratistas de siempre.
Quedan, sin embargo, tres riesgos que la sola creación del grupo no resuelve. Primero, la oportunidad: entre la suscripción de los primeros contratos de emergencia y la llegada efectiva de los procuradores delegados a territorio suele transcurrir un margen de tiempo precioso. Segundo, la independencia: en zonas con riesgo de seguridad, los delegados precisan respaldo de fuerza pública y garantías para vigilar sin convertirse en blanco. Tercero, la consecuencia: las alertas de la Procuraduría carecen de dientes si no se traducen en investigaciones disciplinarias y, cuando haya lugar, en traslados a la Fiscalía por posibles delitos contra la administración pública.
La atención diferencial a poblaciones de especial protección constitucional merece un seguimiento específico. En emergencias anteriores, la ayuda se concentró en cabeceras municipales y dejó por fuera a resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes. Si la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos cumple la orden de presencia permanente, este puede ser el diferencial frente a la tibia respuesta de pasados desastres.
Finalmente, conviene leer la decisión en su contexto político. El terremoto ocurre en un año preelectoral y con un gobierno que arrastra cuestionamientos por la ejecución territorial de recursos. La Procuraduría, como organismo de control, cumple su papel al recordar que la emergencia no suspende el Estado de derecho y que cada contrato de reconstrucción lleva firma, fecha y responsable. La ciudadanía hará bien en seguirle el rastro a este grupo, exigir informes públicos trimestrales y pedir cuentas cuando la reconstrucción termine. Como reportó El Colombiano, la instrucción principal del procurador Eljach es que la vigilancia sea permanente. Toca entonces que las audiencias ciudadanas también lo sean.