Las autoridades investigan la muerte de una bebé de seis meses en El Espinal, Tolima, en lo que habría sido un caso de abuso sexual. Como reportó Infobae, la menor fue trasladada a Ibagué por la gravedad de sus lesiones. El alcalde Wilson Gutiérrez Montaña ofreció una recompensa de diez millones de pesos para quienes aporten información sobre los responsables. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar activó su ruta de protección integral.
Lo que el caso vuelve a exponer es una pauta que se repite: el Estado actúa después de que ocurre lo peor, no antes.
La candidata presidencial Paloma Valencia, según sus declaraciones públicas en redes, calificó el caso como “indignante” y exigió “gobiernos que protejan a las mujeres y niñas”. Su pronunciamiento toca un punto válido pero incompleto. No se trata solo de cambio de administración o de voluntad política coyuntural. Se trata de que la protección infantil en Colombia funciona como un sistema de respuesta a crisis, no como un sistema de prevención estructurada.
La diferencia es material. Respuesta a crisis significa: denuncia, investigación, sanciones. Prevención estructurada significa: presencia estatal en territorios vulnerables, capacitación de personal, recursos presupuestales suficientes y coordinación institucional que funcione en tiempo real entre el Icbf, las secretarías de salud, las Defensorías de Familia, la Policía Nacional y los gobiernos locales.
El Icbf reiteró que “cualquier forma de violencia contra la niñez es inadmisible” e invitó a denunciar en canales oficiales. La denuncia es necesaria. No es suficiente. Una denuncia llega después de que el daño ya ocurrió. La prevención requiere identificar riesgos antes de que se materialicen.
Los números que circulan en el sector público sugieren saturación. Según datos que maneja el Icbf, en 2025 se reportaron más de 150.000 casos de violencia infantil en el país. De esos, solo una fracción recibe atención integral preventiva. Los Centros Zonales trabajan con personal insuficiente. Las Defensorías de Familia atienden caseloads que superan cualquier estándar internacional de calidad. Eso no es opinión: es una pauta documentada en reportes de la Contraloría y en evaluaciones de organismos de derechos humanos.
La pregunta que falta en los comunicados oficiales es clara: ¿dónde estuvo el sistema antes de que esta bebé fuera agredida? No para culpar a una sola institución, sino para identificar en qué punto la cadena de protección debería haber funcionado y no funcionó.
Durante décadas, administraciones de todos los colores políticos han tratado la protección infantil como un asunto de campañas y discursos, no como una inversión estructural. Eso no es un defecto del gobierno actual. Es un patrón institucional que atraviesa gobiernos.
Lo que debería existir —y no existe en la magnitud requerida— es un decreto que establezca estándares mínimos de cobertura, financiamiento y coordinación interinstitucional para la prevención de violencia infantil. No es complejo en términos técnicos. Es complejo en términos presupuestales y políticos, porque requiere recursos sostenidos y responsabilidad compartida entre niveles de gobierno.
La recompensa de diez millones de pesos que ofrece El Espinal puede llevar a la captura de un responsable. Eso es justicia reactiva. Lo que falta es justicia preventiva: un Estado que invierta, que coordine, que esté presente antes de que ocurra el daño.
Cada caso que suma a esta lista representa no solo una tragedia personal, sino un fallo del sistema en su función más básica: proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Eso no es populismo. Es institucionalidad.