La Fiscalía General de la Nación retomó este 15 de julio el proceso judicial contra Diego Marín Buitrago, conocido como ‘Papá Pitufo’, según reportó El Frente de Bucaramanga. La diligencia busca sacar el expediente del letargo en que cayó tras sucesivos aplazamientos solicitados por la defensa y empujarlo hacia la etapa de juicio por los delitos de cohecho y contrabando a gran escala.
Hay tres datos que conviene no perder de vista. Primero, el expediente ya cuenta, según la Fiscalía, con los elementos probatorios para sustentar la acusación, que incluye presuntos pagos a funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera para facilitar el ingreso de mercancía de contrabando al país. Segundo, Marín Buitrago permanece en Portugal desde hace más de dos años, donde se tramita su eventual extradición a Colombia. Tercero, la Interpol reactivó la circular roja en su contra, lo que amplía su búsqueda a 196 países, aunque la decisión efectiva de detenerlo depende de la legislación de cada Estado.
El nudo del caso ya no está en Colombia, está en Lisboa. La reactivación interna del expediente es un mensaje institucional relevante: el ente acusador no deja morir el proceso pese a la ausencia del procesado. Pero esa voluntad se topa con una variable exógena —la decisión de las autoridades judiciales portuguesas sobre la entrega—, que escapa por completo al control de la Fiscalía colombiana. Mientras esa definición no llegue, el juicio avanzará formalmente en el papel, no en la práctica.
La estructura que las autoridades le atribuyen a ‘Papá Pitufo’ —operaciones de importación ficticias, empresas fachada y pagos sistemáticos a funcionarios de la Polfa— es un patrón conocido en casos de contrabando a gran escala en el país. La diferencia aquí es la dimensión internacional: no estamos ante un contrabandista local, sino ante un señalado articulador de redes que, según la hipótesis de la Fiscalía, corrompió controles aduaneros durante años. Eso eleva la gravedad del proceso y, sobre todo, eleva el costo político de cualquier señal de impunidad.
Desde el punto de vista de la cooperación judicial, el caso es también un test. La circular roja reactivada y la posibilidad cierta de extradición ponen a prueba la articulación entre la Fiscalía, la Cancillería, la Interpol y las autoridades portuguesas. Si la entrega se concreta, Marín Buitrago deberá responder ante la justicia colombiana mientras permanece privado de la libertad durante el juicio. Si no se concreta, el expediente colombiano seguirá activo pero inconcluso, y la Fiscalía habrá acreditado voluntad sin obtener resultados.
Hay un elemento adicional que merece atención. La defensa solicitó múltiples aplazamientos durante los últimos dos años, lo que retrasó la etapa de juzgamiento. El Ministerio Público retomó la iniciativa esta semana. Ahora corresponde que la judicatura penal fije fechas firmes y que la defensa deponga la herramienta procesal del aplazamiento como estrategia de desgaste. Un expediente de esta gravedad no puede seguir navegando entre solicitudes dilatorias y reactivaciones puntuales del ente acusador.
Por lo pronto, la reactivación de la circular roja y del proceso interno envían un mensaje correcto: el Estado colombiano no ha desistido de perseguir a ‘Papá Pitufo’. Falta que la cooperación con Portugal produzca resultados tangibles y que el expediente, esta vez, no vuelva a quedar en pausa. La prueba de fuego está en Lisboa, no en Bogotá.