La confirmación oficial de que Droguerías La Rebaja mantendrá sus puertas abiertas no debe interpretarse como un certificado de salud empresarial. Si bien la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) desvirtuó los rumores sobre un cierre inminente de la marca comercial, el diagnóstico técnico sobre Copservir revela una situación crítica que trasciende la semántica. Según el informe de valoración de deterioro citado por Infobae, la cooperativa cerró 2025 con pérdidas acumuladas de $79.091 millones y un retorno sobre el patrimonio (ROE) de -53,59%.
La distinción jurídica entre la marca y el operador administrativo es válida en el papel, pero resulta irrelevante en la práctica si el vehículo operativo colapsa bajo una estructura de costos que el mercado ya no valida. Este caso se convierte en un estudio de caso sobre los límites de la administración estatal de activos productivos y representa una advertencia sobre los riesgos de priorizar objetivos políticos sobre la viabilidad financiera en el sector farmacéutico minorista.
La matemática imposible de la intervención
El diagnóstico de la Supersolidaria es contundente al describir un déficit mensual de $4.300 millones. Para cubrir este hueco financiero sin alterar la estructura actual, la cooperativa necesitaría incrementar sus ventas brutas en un 22%, un salto que el propio ente de control califica como «matemáticamente imposible» en el contexto actual de intervención de precios y desabastecimiento. Esta realidad choca frontalmente con la narrativa de que la gestión pública de activos extintos garantiza eficiencia por defecto.
La raíz del problema no parece ser coyuntural. La entidad atribuye la inviabilidad a compromisos laborales y financieros que, según su evaluación, se pactaron sobre proyecciones de ingresos que nunca se materializaron; una herencia que se arrastra desde el fallo de extinción de dominio de 2016. Según el informe oficial, la convención colectiva vigente y una estructura administrativa rígida han impedido los ajustes necesarios. Esto ha convertido a la cooperativa en un organismo que consume sus propias reservas para sobrevivir: en 2024 y 2025, Copservir utilizó $45.293 millones de la Reserva de Protección de Aportes Sociales para financiar operación corriente, un mecanismo diseñado legalmente para proteger patrimonio y no para subsidiar ineficiencias operativas.
Gobernanza corporativa y señales al mercado
Más allá del déficit operativo, la auditoría forense de Baker Tilly expone fallas graves de gobernanza que erosionan la confianza de los actores privados. Se detectaron pagos de beneficios extralegales sin soporte de productividad en periodos de Ebitda negativo y contratos con terceros relacionados que no cumplieron estándares de transparencia competitiva. Estos hallazgos sugieren que los costos operativos se elevaron artificialmente por encima del promedio del mercado minorista farmacéutico, no por presión inflacionaria externa, sino por deficiencias en los controles internos.
La consecuencia más tangible de esta gestión es lo que el informe describe como una liquidación lenta y desordenada del negocio mediante el desabastecimiento. Con una prueba ácida de apenas 0,26 en 2025, la cooperativa ha recurrido a vender inventario sin reponerlo para cubrir nómina, generando un círculo vicioso: sin medicamentos no hay ventas, y sin ventas no hay caja. Los proveedores farmacéuticos, actuando con racionalidad económica ante la pérdida de solvencia, han endurecido condiciones de crédito o suspendido despachos. Esto configura una señal de mercado clara: el sector privado no financiará indefinidamente un modelo de negocio que viola principios básicos de sostenibilidad.
Lecciones para la política de activos extintos
Para Colombia y la región andina, donde la extinción de dominio es una herramienta clave contra el crimen organizado, el caso de La Rebaja ofrece una lección costosa. La transferencia de activos ilícitos al Estado no los inmuniza contra las leyes de la economía. Cuando se administran con criterios políticos, rigideces laborales heredadas y opacidad en la contratación, el resultado previsible es la destrucción de valor y el deterioro del servicio al ciudadano.
La continuidad de la marca La Rebaja depende ahora de una reestructuración profunda que alinee sus costos con la realidad del mercado y restaure la transparencia en su gestión. Mantener el statu quo bajo la premisa de proteger empleos o garantizar acceso a medicamentos, mientras se queman reservas y se ahuyenta a proveedores, solo posterga una crisis mayor. La viabilidad de los activos extintos no se decreta; se construye con profesionalismo, independencia técnica y respeto por los equilibrios financieros. Sin ello, la intervención estatal termina siendo, paradójicamente, la mayor amenaza para la función social que dice defender.