La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali ofrecieron hasta 100 millones de pesos a quien entregue información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí, una joven de 21 años que cursaba un embarazo de ocho meses y cuyo cuerpo fue hallado el 20 de julio a orillas del río Meléndez, en el sector de La Buitrera, al sur de la capital vallecaucana. La joven había sido reportada como desaparecida el 16 de julio.
Como reportó Caracol Radio, la Gobernadora Dilian Francisca Toro señaló que la prioridad operativa es ubicar a la bebé. El Alcalde Alejandro Eder, por su parte, indicó que impartió instrucciones a las autoridades para agilizar las pesquisas. Hasta el momento, según la misma fuente, no se han confirmado capturas ni la Fiscalía se ha pronunciado formalmente sobre la mujer con la que, de acuerdo con registros de cámaras de seguridad, María Camila fue vista por última vez cuando se movilizaba en una motocicleta.
La familia de la víctima sostiene que Medicina Legal ya les comunicó que la bebé no fue hallada en el vientre de la joven, según reportó Caracol Radio. La Fiscalía, en paralelo, afirma que aún espera el dictamen oficial de necropsia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Esa asimetría entre lo que una de las partes dice haber recibido y lo que la entidad investigadora reconoce públicamente es, en sí misma, parte del problema: una investigación penal no puede sostenerse sobre versiones que circulan sin cadena de custodia documentada.
El anuncio de la recompensa llega once días después de la desaparición y cuatro después del hallazgo del cuerpo. Es una cifra relevante para los estándares regionales, pero su valor práctico depende menos del monto y más de dos variables que la administración local debe responder: cuántos uniformados están asignados exclusivamente al caso y qué articulación existe con la Fiscalía Seccional y con el grupo de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Cali. La recompensa sin capacidad investigativa es, en el mejor de los casos, una transferencia de la responsabilidad institucional al ciudadano informante.
El episodio reitera, además, un patrón que Caracol Radio documentó: en lo corrido de 2026, 49 mujeres han sido asesinadas en Cali. La cifra, aislada, no dice nada sin contexto. Lo que sí dice es que la administración municipal enfrenta un déficit estructural en prevención, atención temprana de denuncias por desaparición y protección de mujeres gestantes, una población con vulnerabilidad específica que las rutas de atención existentes no están alcanzando.
Quedan tres preguntas sobre las que la opinión pública debería exigir respuestas formales y no declaraciones de prensa: primera, cuál es el contenido exacto del informe de Medicina Legal entregado a la familia y por qué la Fiscalía no ha confirmado ni desmentido esa versión; segunda, qué resultados arrojó el rastreo de la motocicleta y de la mujer que acompañaba a María Camila; tercera, si existe una alerta temprana activa por la desaparición de la bebé y bajo qué protocolos se está coordinando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
La recompensa es una herramienta legítima. Pero la presión legítima, en un Estado de derecho, debe dirigirse a que la Fiscalía y la Policía produzcan resultados verificables, no a que el Estado transfiera a la ciudadanía la tarea de investigar lo que las instituciones están obligadas a esclarecer.