El Ministerio de Transporte publicó el 19 de junio un borrador de decreto para actualizar la regulación del servicio público individual de taxi. La ministra María Fernanda Rojas presentó la iniciativa como una modernización de normas que, según el Ministerio, debían “ponerse al día” con la operación real del sector.
El cambio de mayor alcance operativo es la eliminación de la Planilla Única de Viaje Ocasional para desplazamientos entre municipios contiguos. Hoy, un taxi que sale de su radio de acción autorizado necesita ese documento. Con la reforma, podría prestar servicio intermunicipal sin ese trámite, salvo cuando estudios técnicos de las autoridades locales demuestren que el ingreso de vehículos de otros municipios altera la oferta y la demanda en su jurisdicción.
La norma también modifica la operación hacia y desde aeropuertos ubicados en municipios distintos a las capitales departamentales o a las áreas metropolitanas que atienden, y abre la puerta a acuerdos operativos entre municipios vecinos para facilitar la circulación en esas terminales. El servicio, en cualquier caso, seguiría sin poder prestarse bajo modalidades colectivas, y las autoridades deberán habilitar zonas especiales de ascenso y descenso en eventos de alta asistencia.
En materia administrativa, el borrador amplía de uno a dos años la vigencia de la tarjeta de operación y fija en hasta dos años la duración de los contratos de vinculación entre propietarios y empresas, con renovaciones o prórrogas por acuerdo de las partes. Propone, además, eliminar la exigencia del paz y salvo para trámites de tránsito y transporte, y prohíbe que las empresas condicionen desvinculaciones, expedición de documentos o cambios de empresa a pagos no previstos en la normativa. Las compañías deberán entregar extractos mensuales con el detalle de cobros y pagos por cada vehículo vinculado.
La reposición de flota por hurto, pérdida, destrucción, desintegración o cambio de servicio deberá hacerse únicamente con vehículos eléctricos, y el plazo para reemplazar el vehículo subiría de uno a cinco años. El mecanismo de sorteo público para nuevas matrículas se mantendría, pero los conductores no propietarios recibirían puntaje adicional por cada año de experiencia acreditado.
Hay tres asuntos que el borrador no resuelve y que conviene mirar con cuidado.
Primero, la transición eléctrica. La reposición obligatoria en eléctrico aplica solo para casos de pérdida total o cambio de servicio, no para la renovación ordinaria de la flota. El Ministerio no fija metas cuantitativas de electrificación ni plazos para la conversión del parque existente, que según datos del sector supera las decenas de miles de vehículos. Sin cronograma, la medida queda más cerca del simbolismo que de una política de descarbonización.
Segundo, la libre competencia. La norma prohíbe que las empresas impongan condiciones que limiten la libertad de vincular o desvincular vehículos, pero no aborda la concentración empresarial ni los criterios técnicos con los que se fijan las tarifas de vinculación que pagan los propietarios a las empresas. Ese costo, que en varias ciudades del país representa uno de los principales obstáculos para acceder a la actividad, queda fuera del decreto.
Tercero, la fiscalización. El texto crea programas de formación para conductores y usuarios, pero no establece indicadores verificables de cumplimiento ni mecanismos de seguimiento sobre la habilitación de zonas de ascenso y descenso en eventos masivos, un punto crítico en ciudades como Medellín y Bogotá.
La propuesta llega en un momento en el que el 74 % de los usuarios en Medellín ya pide taxi por aplicaciones, según una encuesta reciente citada por El Colombiano. Esa realidad, que el borrador menciona sin cuantificar, es la que termina por definir la competencia por el usuario. La regulación puede modernizarse, pero su éxito dependerá de cómo se concilie con plataformas que hoy operan fuera del marco del servicio público individual.
El decreto está en fase de borrador. La discusión pública de los próximos días será la que determine si los puntos pendientes se cierran antes de su expedición.