Una reforma laboral se juzga por sus resultados, no por su exposición de motivos. La aprobada en 2025 prometía blindar al aprendiz. Los datos disponibles doce meses después, reportados por El Heraldo con base en cifras del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), cuentan una historia distinta: las empresas están optando, de forma creciente, por pagar la cuota de monetización en lugar de vincular jóvenes.
Según las cifras divulgadas por El Heraldo, las compañías que eligieron monetizar pasaron de 5.796 en 2024 a 8.048 en 2025, un crecimiento del 39 % en un año. Con corte al 30 de abril de 2026, ya se contabilizaban 5.243 firmas en esa misma ruta, de acuerdo con la misma fuente. En paralelo, el número de aprendices vinculados cayó de 392.411 en 2024 a 379.436 en 2026, según el reporte.
El indicador fiscal es elocuente. El Sena recaudó $263.430 millones por monetización en 2024 y $440.737 millones en 2025, un crecimiento del 67 %, siempre según los datos divulgados por El Heraldo. Entre enero y abril de 2026, el recaudo por ese concepto ya alcanzaba $296.031 millones, de acuerdo con el mismo reporte. La sanción diseñada para disuadir el incumplimiento opera, en la práctica, como un ingreso estable para la entidad.
La aritmética ayuda a entender el comportamiento reportado por El Heraldo. Antes de la reforma, la cuota equivalía a un salario mínimo mensual por aprendiz no contratado. Con los cambios introducidos, el valor se elevó a 1,5 salarios mínimos, alrededor de $2,6 millones en 2026, según el reporte. Al mismo tiempo, el contrato de aprendizaje adquirió carácter plenamente laboral: el aprendiz percibe el 75 % del mínimo en etapa lectiva y el 100 % en la práctica, y la empresa debe asumir aportes a salud, pensión, riesgos laborales y prestaciones, de acuerdo con el mismo artículo.
La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) estima, según El Heraldo, que mantener un aprendiz puede costar cerca de $3,2 millones mensuales, una cifra superior a la multa. El Observatorio Nacional de la MiPyme de Acopi Atlántico, citado por el mismo medio, reportó que el porcentaje de empresas que utilizaban contratos de aprendizaje pasó del 4 % al 2,4 % entre el segundo y el cuarto trimestre de 2025. Entre las compañías que aún vinculan aprendices, el 23 % tiene entre uno y cuatro jóvenes, según la misma fuente.
Rosmery Quintero, directora del Observatorio de Acopi Atlántico, agregó, según El Heraldo, que el costo laboral no es el único factor: también pesan las exigencias operativas de acompañamiento, formación y supervisión. En el mismo reporte, Juliana Morad, directora del Departamento de Derecho Laboral de la Pontificia Universidad Javeriana, advirtió que para una empresa sin necesidad real de formación, la monetización se convierte en la opción más limpia y previsible: un costo fijo que se asume para no contratar.
El cuadro que dejan las cifras, reportadas por El Heraldo, es contradictorio. La reforma buscó mejorar las condiciones del aprendiz y, según los indicadores disponibles, lo que se observa es una reducción de los espacios de formación en las empresas y un fortalecimiento del rol recaudador del Sena. Dos objetivos que, en los papeles, persiguen fines opuestos.
¿Qué evalúa el Gobierno cuando revisa el impacto de la reforma? Si el criterio es el monto recaudado por monetización, el resultado luce exitoso. Si el criterio es la inserción laboral juvenil, el resultado es preocupante. Una política pública que produce simultáneamente más caja para el Sena y menos contratos de aprendizaje para los jóvenes merece, como mínimo, una explicación ministerial.
El rediseño parece exigir una ecuación distinta: una cuota de monetización lo suficientemente alta para desalentar la evasión, y un contrato de aprendizaje lo suficientemente liviano en cargas administrativas y operativas para que las micro y pequeñas empresas puedan cumplirlo sin quebranto. Equilibrar ambos términos no es un capricho gremial: es la condición para que la norma regule conductas en lugar de administrar un tributo con nombre de sanción.