La advertencia de Fabián Angarita, presidente del Grupo San Lorenzo, sobre el freno que supone la llegada de fábricas chinas a la industria nacional no es un lamento aislado, sino un síntoma de una reconfiguración geopolítica con impacto directo en la balanza comercial colombiana. Cuando la manufactura asiática deja de ser solo importación para convertirse en producción vecina, las reglas del juego hemisférico cambian y la zona de confort del libre comercio tradicional se erosiona.
El precedente peruano como espejo
Lo ocurrido en Perú funciona como un caso de estudio ineludible para los formuladores de política en Bogotá. La instalación de plantas de ensamblaje y manufactura ligera en territorio peruano no responde únicamente a la búsqueda de mano de obra barata, sino a una estrategia de elusión arancelaria y acceso preferencial a mercados con los que Lima tiene acuerdos vigentes. Para Colombia, esto significa que la competencia ya no se mide contra el puerto de Shanghái, sino contra una zona franca en el Pacífico sur que opera con estándares regulatorios distintos y, en ocasiones, con subsidios estatales opacos.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la inversión extranjera directa de China en la región ha transitado de la extracción de recursos hacia sectores de valor agregado medio. Esta migración de capital expone la fragilidad de nuestra propia oferta exportadora no minera. Si la industria nacional se detiene, como alerta Angarita, no es solo por competencia desleal, sino porque la productividad local no ha logrado escalar al ritmo de la logística regional. El problema no es que China produzca en la región; el problema es que Colombia no ofrece condiciones competitivas para retener o atraer esa misma inversión bajo reglas de mercado transparentes.
La trampa de la sustitución de importaciones
Ante este escenario, la tentación política en Bogotá será revivir viejos fantasmas proteccionistas. Resulta predecible que algunos sectores presionen por aranceles punitivos o barreras no arancelarias bajo la excusa de la “soberanía industrial”. Sin embargo, desde una perspectiva pro-mercado y atlantista, esta ruta es contraproducente. Cerrar la puerta a la inversión asiática no hará que la industria colombiana sea más eficiente; solo encarecerá los insumos y reducirá el poder adquisitivo de los hogares, en un contexto donde la inflación ya ha castigado a la clase media.
La respuesta institucional no debe ser el aislamiento, sino la exigencia de reciprocidad y la profundización de la integración con socios estratégicos. El eje Bogotá-Washington-Brasilia cobra aquí una relevancia práctica. Estados Unidos, a través de iniciativas como el marco del Indo-Pacífico, busca ofrecer alternativas de cadenas de suministro confiables. Colombia debe posicionarse como el destino natural de esa relocalización amiga (friendshoring), pero para ello requiere seguridad jurídica, infraestructura portuaria funcional y una política tributaria estable, tres activos que hoy presentan señales de deterioro.
Integración regional frente a fragmentación
La Alianza del Pacífico, más allá de su retórica diplomática, debería activarse como un bloque de defensa comercial técnica. Si Perú y Colombia compiten entre sí por atraer plantas chinas mediante concesiones fiscales desordenadas, ambos pierden. La coordinación de regímenes de zonas francas y la armonización de estándares técnicos son tareas pendientes que urgen más que nuevas cumbres presidenciales.
Asimismo, es necesario distinguir entre la inversión privada china legítima y aquella que llega cargada de condicionamientos geopolíticos o prácticas laborales y ambientales cuestionables. El escepticismo frente a intervenciones externas no debe traducirse en xenofobia económica, sino en rigor técnico. Las cifras del Banco Mundial y de la OCDE sugieren que los países que logran insertar la inversión asiática en sus cadenas de valor con reglas claras son los que mejor desempeño muestran. Los que intentan bloquearla por decreto, terminan rezagados.
La industria colombiana enfrenta un choque de oferta externo que no se resolverá con discursos nacionalistas. Requiere una política de Estado que entienda la geoeconomía actual: abierta al comercio, firme en la defensa de la competencia leal y consciente de que la verdadera protección industrial se construye con productividad, no con aduanas. Si el Gobierno actual instrumentaliza este desafío para justificar mayor intervención estatal, el costo lo pagará la generación de empleo formal. Si, por el contrario, se usa como catalizador para reformas estructurales pro-mercado, la amenaza podría convertirse en la oportunidad de modernización que la región andina lleva décadas postergando.