La imagen del pediatra Germán Somoyar protegiendo a un recién nacido durante el sismo de magnitud 7,4 en Urabá se ha convertido en el símbolo emocional de la tragedia. Sin embargo, reducir la gesta de la Clínica Panamericana de Apartadó a un acto de heroísmo individual sería un error de análisis. Lo ocurrido en Antioquia no fue simplemente una reacción espontánea, sino la validación empírica de que la resiliencia ante desastres naturales en Colombia depende, en última instancia, de la calidad del capital humano y de los protocolos institucionales privados, más que de la capacidad de respuesta inmediata del Estado central.
Desde una perspectiva de riesgo político y operativo, el terremoto pone sobre la mesa una realidad incómoda para la planificación nacional: en las regiones periféricas, la infraestructura crítica de salud y la capacidad de respuesta técnica recaen desproporcionadamente en actores no estatales. La evacuación exitosa de diez neonatos, ejecutada por seis profesionales en segundos, demuestra que la inversión en entrenamiento y cultura organizacional rinde frutos cuando la gobernanza central se ve desbordada por la magnitud del evento geológico.
Protocolos versus improvisación estatal
El relato del doctor Somoyar, quien atribuye la acción a la espontaneidad, debe leerse con matices técnicos. En gestión de riesgos, lo que parece espontáneo es, en realidad, competencia internalizada. Mientras el sistema nacional de gestión del riesgo activaba sus mecanismos burocráticos desde Bogotá, el personal de salud en Urabá ya había resuelto la emergencia vital más compleja. Esta asimetría temporal es estructural.
Para Colombia, esto tiene implicaciones profundas en términos de seguridad hemisférica y desarrollo regional. Los socios internacionales y los organismos multilaterales que evalúan el riesgo país no miran solo los decretos presidenciales o los planes nacionales de desarrollo; observan la capacidad real de los territorios para absorber shocks exógenos. La Clínica Panamericana, afiliada a Comfama, representa un modelo de descentralización funcional que opera con estándares superiores a los mínimos exigidos por la regulación nacional en zonas de alta vulnerabilidad sísmica.
Si comparamos este episodio con desastres recientes en la región andina, la diferencia radica en la autonomía institucional. En contextos donde la salud es enteramente estatizada y politizada, como hemos visto en Venezuela o Nicaragua, la respuesta ante sismos suele colapsar porque depende de una cadena de mando vertical y rígida. En Urabá, la existencia de un ecosistema privado y mixto robusto permitió una respuesta modular y eficiente. Esto confirma que el libre mercado, cuando opera bajo marcos regulatorios claros y con vocación de servicio público, es un componente esencial de la seguridad nacional, no su antagonista.
El costo de oportunidad de la centralización
Este evento también nos obliga a cuestionar la narrativa oficialista que pretende recentralizar competencias bajo la excusa de la “justicia territorial”. Los datos son tozudos: la capacidad instalada en regiones como Urabá proviene de décadas de acumulación de conocimiento técnico y financiero privado. Desmantelar o subordinar estas capacidades a una nueva arquitectura estatal centralizada, como proponen algunas reformas actuales, aumentaría exponencialmente la vulnerabilidad ante futuros desastres.
Según estimaciones del Banco Mundial y la CEPAL, la recuperación post-desastre en países con instituciones subnacionales fuertes es significativamente más rápida y menos costosa fiscalmente. La lección de Apartadó es que fortalecer la autonomía de estos nodos regionales es más efectivo que engrosar ministerios en la capital. La protección civil no se decreta; se construye con ladrillos, protocolos y salarios dignos para profesionales como Somoyar y su equipo.
Además, hay un mensaje geopolítico implícito. En un momento donde Colombia busca redefinir su relación con Washington y Bruselas, demostrar que nuestras regiones tienen tejidos institucionales resilientes es un activo diplomático. La cooperación internacional y la inversión extranjera directa fluyen hacia donde existe certeza operativa. Ver a profesionales colombianos ejecutar maniobras de salvamento con precisión quirúrgica, sin esperar instrucciones del nivel central, proyecta una imagen de madurez institucional que vale más que cualquier discurso en foros multilaterales.
Más allá de la fotografía viral
Es justo reconocer, como pide el propio protagonista, que “los buenos somos más”. Pero ese reconocimiento no debe quedarse en la emotividad. Debe traducirse en política pública que proteja y incentive a quienes sostienen la red de seguridad real del país. El heroísmo con uniforme es admirable, pero no puede ser la estrategia de gestión de riesgos de una nación que aspira al desarrollo.
La prioridad siempre deben ser los niños, afirmó el pediatra. Y la mejor forma de priorizarlos es garantizar que, cuando la tierra tiemble, haya instituciones sólidas capaces de cargarlos, independientemente de quién ocupe la Casa de Nariño. La resiliencia de Urabá es un recordatorio de que, en medio de la polarización ideológica, la competencia técnica y la ética profesional siguen siendo los verdaderos garantes de la vida republicana.