El Ministerio de Defensa notificó este 9 de junio el retiro del mayor general Erick Rodríguez, hasta ahora subjefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. La decisión, según reportó El Heraldo, había sido anunciada por el presidente Gustavo Petro y se concreta a menos de un mes de las denuncias que el oficial hizo públicas sobre presiones de grupos armados en zonas rurales del Meta.
Rodríguez señaló a mediados de mayo que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ estarían instrumentalizando a la población civil con miras a la primera vuelta presidencial. El oficial describió un patrón que combina el control de rutas de narcotráfico con la intervención en decisiones políticas de los habitantes de esas regiones.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue consultado por el mismo medio sobre las razones del retiro. Su respuesta fue procesal: evitó detallar motivos y condicionó la información oficial a la culminación de unas “investigaciones” cuyo contenido no anticipó. Añadió que los resultados que se conozcan “no necesariamente coincidirán con lo publicado por los medios”, una advertencia que, en la práctica, funciona como blindaje preventivo contra cualquier narrativa que no sea la del propio Ministerio.
Esa actitud merece lectura cuidadosa. Un general de la República, con más de 35 años de servicio, es separado de la institución sin que la cartera de Defensa entregue un solo documento público que sustente la decisión. La explicación de una eventual “participación política” del oficial, sugerida por fuentes militares consultadas por El Heraldo, no aparece en ningún pronunciamiento oficial y, por tanto, no puede asumirse como móvil cierto. Lo que sí consta es la coincidencia temporal entre el retiro y las denuncias de Rodríguez sobre la injerencia armada en el Meta.
Hay aquí dos riesgos que el gobierno Petro debería atender antes de que el caso derive en una crisis institucional mayor.
El primero es el precedente. Si un oficial de alto mando puede ser retirado sin explicación documentada, cualquier uniformado que en cumplimiento de su deber señale la presencia o la actuación de estructuras criminales queda expuesto a la misma suerte. La protección institucional del denunciante no es un lujo normativo: es la única manera de preservar la inteligencia militar que el país necesita.
El segundo es la opacidad. El Ministerio está obligado por la Ley 1712 de 2014 a producir información pública sobre los actos de la administración. La separación de un general que ocupaba la segunda posición en la cadena de mando del Estado Mayor Conjunto no es un asunto interno: es un hecho de interés nacional que afecta la conducción de las Fuerzas Militares. Pretender que la explicación llegará “en su momento” sin ofrecer siquiera un cronograma es una forma de administrar la información que choca con el principio de transparencia activa.
La Bitácora ha defendido en otras columnas que las Fuerzas Militares requieren mando profesional, conducción civil legítima y reglas claras. Esas reglas no pueden suspenderse cuando el oficial incomodado es el que denuncia la infiltración armada en la política regional. La salida del general Rodríguez exige una respuesta institucional, no un comunicado de fe.
Si el gobierno tiene证据 que respalde los cargos contra Rodríguez, debe presentarlos. Si no los tiene, debe revisar la decisión. Lo único que no puede hacer el Ministerio de Defensa es pedirle al país que acepte el silencio como sustituto de la explicación.