Hay una información que debería preocupar a cualquier colombiano, sin distinción de partido: documentos de inteligencia conocidos por Noticias RCN y reseñados por El Universal de Cartagena describen que estructuras de las disidencias de las Farc estarían entregando a habitantes de zonas rurales de Meta, Caquetá y Guaviare carnés plastificados con apariencia de documento oficial. En algunos sectores, según los mismos informes, esos carnés se exigirían para movilizarse entre veredas e incluso para votar en la segunda vuelta presidencial. La práctica corresponde a un patrón conocido de control social y territorial; adquiere otra dimensión cuando coincide con una jornada electoral nacional.
El caso tiene un antecedente inmediato que la cobertura periodística también reseña. El entonces jefe de Operaciones de las Fuerzas Militares, general Erick Rodríguez, formuló advertencias públicas sobre esos procesos de carnetización. Días después, según reportó El Universal, el presidente Gustavo Petro ordenó su retiro del servicio activo por considerar que sus declaraciones tenían implicaciones políticas. La secuencia —alerta, baja, silencio oficial— es lo que vuelve el episodio delicado. Cuando la respuesta gubernamental a una advertencia de inteligencia militar es la separación del oficial que la formuló, lo que se debilita no es una carrera individual: es el canal institucional por el cual esos datos deberían llegar a la opinión pública.
El contenido de los documentos conocidos va más allá de los carnés. Como reportó El Universal, los reportes mencionan certificados de permanencia temporal para visitantes, con sellos, firmas y códigos QR que imitan formatos oficiales; citaciones a reuniones convocadas por los grupos armados; y mecanismos de verificación descritos por las propias autoridades como intentos por dar apariencia de legitimidad a un ejercicio de soberanía de hecho. El comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo López, fue citado por El Universal describiendo estas acciones como una estrategia sistemática de organizaciones criminales para consolidar dominio territorial.
Tres consideraciones surgen de lo documentado.
La primera es de orden electoral. Si los reportes de inteligencia son correctos —y, según El Universal, el Gobierno no ha desmentido la existencia de los documentos, solo habría sancionado al oficial que habló—, la segunda vuelta se estaría disputando en al menos tres departamentos donde una porción del electorado enfrentaría restricciones de hecho a la libre circulación. Eso no es un detalle logístico: es, cuando menos, una tensión directa con el artículo 258 de la Constitución, que consagra el voto como derecho y deber ciudadano ejercido en condiciones de libertad.
La segunda es de orden institucional. La Fuerza Pública, la Misión de Observación Electoral, la Defensoría del Pueblo y la Registraduría cuentan con protocolos para alertar sobre injerencia armada en procesos electorales. Una advertencia de un comandante operativo sobre carnetización debería activar un reforzamiento inmediato del Plan Democracia, no una sanción disciplinaria. La pregunta que queda abierta es por qué la reacción presidencial fue el retiro y no la atención de la denuncia. Quien respondió a la alerta con la baja del mensajero debería explicar a la opinión pública qué hizo, en paralelo, con el contenido de la alerta.
La tercera es de fondo. Quienes defendemos la institucionalidad no podemos tratar este caso como un favor político a un bando. Si mañana un Gobierno de distinto signo recibiera una alerta de inteligencia sobre control territorial armado sobre el electorado y sancionara al oficial que la dio, la crítica debería ser idéntica. Lo que se le reprocha al Ejecutivo no es haber desmentido los hechos —la existencia de los documentos de inteligencia no ha sido negada, según El Universal—, sino haber castigado a quien los puso en circulación.
Hay, además, una responsabilidad del periodismo y de las instituciones. La información que sustenta esta denuncia proviene, según El Universal, de filtraciones a Noticias RCN, no de una comunicación oficial del Ministerio de Defensa, la Fiscalía o la Registraduría. Cuando la verdad sobre amenazas al sistema democrático llega primero por un medio de comunicación y no por las autoridades electorales o judiciales, la falla de transparencia gubernamental es tan grave como la práctica que se denuncia. La Fiscalía y las autoridades electorales deberían, de oficio, abrir investigación sobre los hechos descritos en los reportes de inteligencia y comunicar a la opinión pública qué se ha constatado y qué no.
Como señaló El Universal, la preocupación aumenta porque las evidencias recopiladas ubican la práctica en regiones donde históricamente han operado grupos armados ilegales. Eso hace la respuesta institucional más urgente, no más opcional. La defensa de la democracia no admite pausas frente a un Ejecutivo que, según la cronología documentada, habría preferido el silencio de sus generales antes que el debate abierto sobre la integridad del proceso electoral. La segunda vuelta merece, como mínimo, que el Gobierno deje de pelearse con sus propios uniformados y empiece a defender a los votantes.