La muerte de una niña de dos años y el asesinato de un hombre adulto en menos de veinticuatro horas en Polonuevo, Atlántico, no son hechos aislados de inseguridad ciudadana. Son síntomas de una falla estructural en la política de seguridad del departamento y, por extensión, en la estrategia nacional que ha priorizado el discurso sobre la capacidad operativa. Cuando la extorsión se cobra la vida de una menor en un comercio familiar, y al día siguiente se registra otro homicidio en una zona de invasión, queda claro que el monopolio de la fuerza está en disputa y que las respuestas institucionales llegan tarde.
El límite de las recompensas como política
La Gobernación del Atlántico ofreció veinte millones de pesos por información sobre los asesinos de la menor. Es una medida reactiva, comprensible en términos de presión mediática y dolor social, pero insuficiente como mecanismo de disuasión. Las recompensas funcionan cuando existe una red de inteligencia sólida y confianza ciudadana para denunciar. En contextos donde la extorsión es sistemática y el miedo silencia a las víctimas, el incentivo económico no compensa el riesgo de represalias.
Según el reporte de la Policía Nacional, en lo corrido de 2026 se han realizado veintinueve capturas por extorsión en el departamento y se han incautado 220 armas de fuego. Son cifras que muestran actividad, pero no necesariamente eficacia estratégica. La captura en flagrancia es valiosa, pero si no desarticula la cadena de mando ni afecta las finanzas criminales, se convierte en un ejercicio de rotación de delincuentes de bajo perfil mientras las estructuras mantienen su capacidad de fuego y coerción territorial.
Extorsión como impuesto paralelo
Para un analista económico, la extorsión en el Caribe colombiano debe leerse como un impuesto paralelo que distorsiona los mercados locales y expulsa la inversión. Un panadero en Polonuevo que paga cuota a un grupo criminal no solo enfrenta un costo operativo adicional; opera bajo una incertidumbre regulatoria ilegal que ningún tratado de libre comercio ni reforma tributaria puede mitigar. La seguridad jurídica, pilar del desarrollo económico y la atracción de capital, empieza en la esquina del barrio.
Desde una perspectiva comparada regional, lo que ocurre en el Atlántico tiene ecos en otras zonas donde el Estado cedió terreno a economías criminales. No es un problema exclusivo de Colombia, pero sí es un problema agravado por la falta de continuidad en las políticas de seguridad y la politización de la fuerza pública. En países vecinos, la degradación de la seguridad ciudadana precedió a crisis humanitarias complejas. Aquí, la alerta temprana está encendida: la violencia contra civiles no combatientes, especialmente niños, marca un umbral de deterioro que exige respuestas técnicas, no solo discursos de solidaridad.
La necesidad de una estrategia integral
La Policía afirma que el caso de la menor no quedará en la impunidad y destaca su capacidad investigativa. Es un mensaje necesario, pero la ciudadanía y los mercados necesitan resultados sostenibles, no solo esclarecimiento de casos emblemáticos. La seguridad en el Atlántico requiere una articulación real entre inteligencia, justicia y presencia estatal integral. No basta con allanamientos y capturas si no hay una estrategia de ocupación territorial que combine fuerza pública con oferta institucional.
Desde La Bitácora hemos defendido la profesionalización de la fuerza pública y el Estado de derecho como bases de la convivencia. También hemos sido críticos cuando se instrumentaliza la seguridad para fines políticos o se debilita la institucionalidad en nombre de cambios ideológicos. Lo de Polonuevo nos recuerda que la seguridad no es un tema de izquierda o derecha, sino de supervivencia del contrato social. Sin ella, no hay mercado, no hay democracia y no hay futuro para la región Caribe.
Las cifras de capturas y armas incautadas son insumos, no fines. El indicador real de éxito es que una niña pueda estar en la panadería de su madre sin riesgo de muerte, y que un comerciante pueda operar sin pagar tributo a criminales. Hasta que eso no sea la norma, las recompensas serán solo un paliativo ante una herida que sigue abierta.