La angustia por la desaparición de Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond en inmediaciones de la isla de Barú trasciende el drama familiar. Si bien la prioridad absoluta es la búsqueda y el rescate, el incidente reabre una discusión estructural sobre la gobernanza marítima en el Caribe colombiano. Para un destino que aspira a competir con Cancún o Punta Cana, la seguridad náutica no es un detalle logístico; es un pilar de la confianza institucional y un componente crítico de la marca país ante inversionistas y turistas internacionales.
El hallazgo de la moto acuática sin combustible sugiere negligencias básicas en los protocolos de alquiler. Esto no es un hecho aislado, sino un síntoma de informalidad en un sector que mueve millones de dólares. Cuando la Dirección General Marítima (Dimar) y las autoridades locales deben activar operativos de emergencia por falta de prevención privada, se evidencia una asimetría regulatoria. El Estado asume el costo del riesgo que operadores turísticos no internalizan. En términos económicos, esto representa un subsidio implícito a la informalidad y una externalidad negativa para la seguridad pública.
Reputación y riesgo país
Desde una perspectiva atlantista y de integración hemisférica, la percepción de seguridad en los destinos turísticos es tan relevante como los indicadores macroeconómicos. Las alertas de viaje emitidas por embajadas en Washington, Londres o Bruselas no distinguen entre crimen organizado y accidentes prevenibles; ambas categorías elevan la prima de riesgo. La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha señalado reiteradamente que la resiliencia de los destinos depende de protocolos estandarizados. En el Caribe, donde la competencia es feroz, un incidente de esta naturaleza puede tener efectos reputacionales más duraderos que una fluctuación cambiaria.
No se trata de satanizar el turismo náutico, vital para la economía de Bolívar. Se trata de profesionalización. Los estándares internacionales exigen trazabilidad de equipos, capacitación certificada de operadores y seguros de responsabilidad civil robustos. Si Colombia quiere mantener su posición como receptor de inversión extranjera directa en servicios turísticos, debe alinear su regulación local con las mejores prácticas regionales. La laxitud en Barú o en otros puntos del litoral envía una señal contradictoria a los mercados: ofrecemos infraestructura de primer mundo con supervisión de tercer mundo.
Institucionalidad frente a la tragedia
Es justo reconocer la respuesta rápida de la Armada Nacional, la Policía Metropolitana y la Alcaldía de Cartagena. La coordinación interinstitucional demostrada en las primeras horas refleja avances en la capacidad de reacción del Estado. Sin embargo, la eficiencia en el rescate no sustituye la necesidad de prevención. El alcalde Dumek Turbay ha sido claro en la activación de protocolos, pero la verdadera prueba institucional vendrá después: ¿se auditarán los permisos de operación náutica? ¿Se sancionará a quienes alquilen equipos sin cumplir los mínimos de seguridad? ¿Se fortalecerá la inspección y vigilancia de la Dimar con recursos y personal técnico?
La conexión política de una de las familias involucradas no debe ser un factor que distorsione la respuesta estatal, ni para acelerar procesos ni para opacarlos. La ley y los protocolos deben aplicarse con la misma rigorosidad que si se tratara de cualquier otro ciudadano. La igualdad ante la ley es el fundamento del Estado de derecho que defendemos. Cualquier percepción de trato preferencial o, por el contrario, de persecución, erosionaría la legitimidad de las instituciones en un momento de alta sensibilidad social.
Lecciones para la región andina
Este caso resuena más allá de Cartagena. En toda la cuenca del Caribe y en los destinos turísticos de la región andina, la tensión entre crecimiento turístico acelerado y capacidad regulatoria es constante. Perú, Ecuador y República Dominicana enfrentan desafíos similares. La diferencia radica en la velocidad de adaptación institucional. Los países que logran convertir tragedias en reformas estructurales fortalecen su competitividad a largo plazo. Los que las archivan como accidentes inevitables condenan su sector turístico a la volatilidad.
Para Colombia, la lección es clara: la seguridad jurídica y física son indivisibles. No podemos aspirar a ser un hub regional de turismo y negocios si nuestros estándares operativos en zonas críticas dependen de la buena fe individual en lugar de sistemas robustos de cumplimiento. La búsqueda de estos dos jóvenes debe ir acompañada de una búsqueda igualmente intensa de certezas institucionales. El mar no perdona la improvisación, y los mercados, a su manera, tampoco.