Trece agremiaciones de la vigilancia y la seguridad privada, entre ellas Aces, Anavp, Asosec, Fenalco y la Cámara Colombiana de la Seguridad Privada, difundieron el 11 de junio de 2026 un comunicado que pone sobre la mesa cifras que merecen atención separada del ruido gremial: 400.000 trabajadores, 1,13% del PIB nacional, $21 billones movilizados al año y 4% del empleo formal del país, según reportó Infobae. Son magnitudes que no se pueden despachar con el argumento fácil del gremio que se queja. Cuando un sector de ese tamaño advierte riesgo sistémico, la respuesta razonable del Estado es revisar la evidencia, no el discurso.
El núcleo de la denuncia, tal como lo presentaron las agremiaciones firmantes, es de procedimiento y de técnica, no ideológico. Sostienen que decisiones como la llamada calculadora salarial y la modificación de la estructura tarifaria se adoptaron sin socialización previa y con lo que el comunicado describe como deficiencias técnicas atribuibles al ente regulador. Si esa afirmación es correcta, el problema no es de orientación política sino de calidad regulatoria, y exigiría una respuesta técnica de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada con cronograma público, no un comunicado defensivo.
Hay un segundo punto que el debate público suele omitir. El comunicado reporta promedios de 391 días en trámites de acreditación, con casos extremos de 1.348 días, y afirma que esa demora derivó en detenciones durante operativos. Una demora de esa magnitud en un sector donde la licencia es condición de operación no es un trámite lento: es una barrera de entrada que, según los gremios, empuja a la informalidad. El propio comunicado lo plantea en términos directos: cuando el sector formal se debilita, lo que queda es un mercado sin contratos, sin prestaciones y sin garantías.
La demografía del sector refuerza la discusión. De acuerdo con los datos consignados en el comunicado, más de 55.000 jóvenes entre 18 y 25 años acceden a su primer contrato formal por esta vía, más de 112.000 trabajadores son mayores de 45 años y cerca de 80.000 son mujeres, muchas jefas de hogar. En municipios intermedios y zonas rurales, la vigilancia privada es frecuentemente presentada por los gremios como el único empleador formal de escala. No estamos ante un sector prescindible: estamos, según la denuncia gremial, ante un anclaje de formalidad que se estaría debilitando por la vía regulatoria.
Ahora bien, esta columna no puede ignorar la otra cara. En abril de 2026, la Superintendencia, según Infobae, suspendió 31 licencias de funcionamiento a empresas del sector por presunta infiltración criminal. El superintendente Larry Álvarez Morales describió un patrón reiterado: compañías legalmente constituidas que desvían personal y recursos hacia organizaciones ilegales. Esa situación exige control, y control firme, con debido proceso y con publicidad de los criterios.
La tensión entre estos dos hechos, gremios que piden certidumbre y Superintendencia que sanciona a 31 firmas, no se resuelve con un comunicado de uno u otro lado. Se resuelve con motivación técnica de los actos administrativos, socialización previa de las decisiones estructurales y publicidad de los sustentos. Cuando la reguladora actúa sin socialización, como denuncian los gremios, pierde legitimidad. Cuando los gremios asimilan cualquier control a una campaña de deslegitimación, también pierden credibilidad. La pregunta que deja esta discusión es si el Gobierno nacional está dispuesto a poner ambas cosas sobre la mesa: el expediente técnico de la calculadora salarial y de la nueva estructura tarifaria, y los criterios con los que se suspendieron 31 licencias. Si la regulación es sólida, debe poder defenderla en audiencia pública. Si no lo es, debe corregirla. Cualquiera de las dos opciones es preferible a la parálisis actual.