El 7 de agosto, a las 3:00 p. m., Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia en la Arena USC de Cali. Su equipo de transición confirmó que la señal oficial de la ceremonia será de libre acceso para medios nacionales, regionales, locales e internacionales, sin exclusividades y sin marca visible de canal. La producción técnica, según el anuncio, estará a cargo de equipos de Estudios RCN, no de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).
La decisión tiene una lectura institucional que conviene registrar. Una posesión presidencial es un acto de Estado, no un evento privado. Que la señal sea abierta, sin logotipos y sin exclusividades, es lo mínimo que se puede exigir cuando se trata de la transmisión de una ceremonia en la que se formaliza la entrega del mando a un nuevo gobierno. Esa apertura, sin embargo, no exime al gobierno entrante de responder por la otra cara del esquema: la contratación de la producción.
El comunicado oficial dice que la producción técnica la asumirá Estudios RCN. No precisa el modelo de contratación, el valor del servicio, ni si se trata de una operación comercial o de una cesión gratuita. Tampoco detalla si el canal privado actuará como proveedor del Estado, como patrocinador o como aliado editorial. En transmisiones oficiales anteriores, la producción logística y técnica de eventos de gobierno ha sido contratada con recursos públicos, usualmente a través de la entidad competente o del operador público de televisión. Saltarse a RTVC sin explicación documentada abre un interrogante razonable sobre el origen de los fondos y sobre el criterio técnico que justificó la excepción.
La columna vertebral del anuncio —libertad de prensa, acceso igualitario a la señal, pluralidad de plataformas— coincide con estándares que este medio ha defendido de forma consistente. Una ceremonia de posesión no puede convertirse en un producto editorial de un solo conglomerado. Si el gobierno entrante cumple lo prometido y la señal llega efectivamente a todos los medios en igualdad de condiciones, habrá sentado un precedente útil para futuros actos de Estado.
Ahora bien, el dispositivo de seguridad previsto para Cali y los municipios de Palmira, Candelaria, Jamundí, Yumbo y Pradera merece también lectura fría. La secretaria (e) de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Lina Escobar, anunció restricciones al transporte de gasolina en galones o pimpinas, ley seca desde el día anterior y un Puesto de Mando Unificado activo desde la fecha del anuncio. Son medidas razonables para un evento con Jefes de Estado confirmados de Argentina, Ecuador, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Chile, Costa Rica y Honduras, junto al primer ministro de Curazao y el rey Felipe VI de España, según el listado difundido por la Alcaldía de Cali y reproducido por El País. La logística de seguridad, sin embargo, debe ejecutarse sin convertir el Valle del Cauca en un perímetro cerrado para los ciudadanos que no asisten a la ceremonia.
Quedan, por tanto, tres preguntas que el gobierno entrante debería responder antes del 7 de agosto: quién financia la producción técnica de la señal, por qué se descartó a RTVC, y bajo qué criterios se asignó esa tarea a un operador privado. La transparencia prometida no se demuestra solo abriendo la señal; se demuestra también publicando los contratos.
Como reportó El País de Cali, el equipo de transición confirmó el libre acceso a la señal y la producción a cargo de Estudios RCN.