El soldado profesional Luis Miguel González Salgado murió el lunes 15 de junio en zona rural de Santa Marta. Según el comunicado del Comando de la Segunda Brigada, la antena de su equipo de radio hizo contacto con una línea de alta tensión mientras cumplía funciones de radiooperador. El personal médico del corregimiento de Buritaca confirmó el deceso al momento de la evacuación, como reportó La Opinión.
El episodio no ocurrió en el vacío. El mismo día, tropas del Gaula Militar y de la Segunda Brigada ejecutaron un asalto aéreo sobre la vereda Quebrada del Sol, en operaciones de la Primera División del Ejército contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca. El Gobierno nacional las reconoció como Grupo Armado Organizado (GAO) en agosto de 2025, según reportó La Opinión citando a InsightCrime y a la Defensoría del Pueblo.
Mientras se desarrollaba la operación, hombres armados incineraron un camión y bloquearon la Troncal del Caribe en varios puntos. De acuerdo con El Tiempo y El Colombiano, citados por La Opinión, decenas de familias campesinas se desplazaron durante la madrugada hacia el sector de Linderos. El puente festivo dejó a turistas y transportadores inmovilizados en la vía durante varias horas, según la misma cobertura. El traslado del cuerpo del soldado hacia Santa Marta se vio frenado por un bloqueo sobre el puente de Mendihuaca, lo que obligó a mantener los restos en una estación de Policía a la espera del restablecimiento del tránsito.
Hay tres planos que el hecho obliga a revisar.
Primero, la cadena de mando. Un soldado muere electrocutado por la antena de su propio radio en una zona donde el Ejército desarrolla operaciones aéreas contra un GAO reconocido oficialmente. La pregunta de fondo es logística y de mando: si la unidad requería enlace de comunicaciones en un sector con tendido eléctrico visible, ¿existió un reconocimiento previo del terreno que advirtiera el riesgo? El Comando de la Segunda Brigada deberá responderlo en el informe correspondiente.
Segundo, el control territorial. Los Pachenca, identificados por InsightCrime y la Defensoría del Pueblo como herederos de la estructura paramilitar de Hernán Giraldo, bloquearon una troncal nacional en pleno puente festivo, incineraron un vehículo y provocaron un desplazamiento masivo, todo en simultánea con una operación militar de envergadura. Esa simultaneidad, según los reportes recogidos por La Opinión, describe un grupo con capacidad de fijar la agenda táctica sobre la Fuerza Pública, no al revés.
Tercero, la respuesta institucional. El cuerpo del soldado no pudo ser trasladado por la misma vía que el grupo criminal cerró. El Estado, en su expresión más básica —entregar el cadáver de un uniformado a su familia—, dependió de que los bloqueos se levantaran. Esa es una fotografía que ningún comunicado de prensa puede revertir.
La muerte del soldado González Salgado no es un hecho aislado: es el síntoma de una presión sostenida sobre una fuerza pública que opera con recursos limitados contra estructuras que, según la propia Defensoría, conservan capacidad de intimidación colectiva. La columna vertebral de la seguridad en la Sierra Nevada no se resuelve con comunicados de prensa ni con declaraciones de reconocimiento como GAO. Se resuelve con presencia sostenida, inteligencia operativa y articulación entre Ejército, Fiscalía y justicia penal militar, cuando corresponda.
La Opinión reportó que el Centro de Familia Militar acompaña a los familiares del uniformado. Queda pendiente el parte oficial sobre las circunstancias del accidente y, sobre todo, la evaluación de mando que determine por qué una antena de radio terminó tocando una línea de alta tensión en una zona bajo operación militar activa.