Cuatro años después de la desaparición del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes en San Andrés de Cuerquia, Antioquia, la Fiscalía General de la Nación avanzó en una tercera judicialización dentro del proceso penal. Se trata de Weimar Alexander Castillo, conocido como alias “300”, a quien el ente acusador le formuló imputación por el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con lo informado por la Fiscalía y replicado por Vanguardia, en las audiencias la entidad sostuvo que alias “300” habría tenido un rol de coordinación dentro del grupo delincuencial El Mesa y que, según la versión oficial, habría estado al volante del automotor empleado para movilizar por la fuerza al ingeniero. Los hechos habrían ocurrido el 4 de abril de 2022, cuando el profesional fue abordado por varios hombres armados a la salida del hospedaje donde se encontraba, y luego habría sido mantenido en una vivienda del municipio antes de su traslado a una zona rural, desde la cual se perdió su rastro.
La imputación fue rechazada por el procesado. Una jueza de control de garantías resolvió, en la misma audiencia, ordenar su reclusión preventiva en establecimiento carcelario. Con esta determinación ya son tres las personas judicializadas dentro del expediente.
La captura y el contexto del proyecto
La captura de alias “300” se produjo en el municipio de Bello, Antioquia, en un operativo del CTI con apoyo del Gaula Militar, según reportó la Fiscalía. En el mismo procedimiento fue detenido alias “El Paisa”.
La desaparición del ingeniero Peláez ocurrió mientras desarrollaba labores ambientales vinculadas al proyecto Hidroituango, la hidroeléctrica más grande del país. El expediente se suma a un conjunto de cuestionamientos que el proyecto ha enfrentado por su impacto ambiental, sobrecostos y la relación contractual entre EPM y los contratistas, temas que han sido documentados en investigaciones previas y que este caso vendría a alimentar.
Lo que sigue en el proceso
El expediente deberá ahora avanzar hacia la etapa de juicio, donde la Fiscalía tendrá la carga de demostrar la responsabilidad penal de los tres judicializados más allá de toda duda razonable. La defensa, por su parte, ejercerá los recursos ordinarios contra la medida de aseguramiento.
Lo que no cambia es la pregunta central del caso: dónde está Andrés Camilo Peláez. Cuatro años después, la respuesta sigue sin aparecer en el expediente. Las judicializaciones avanzan, pero el paradero del ingeniero forestal continúa sin esclarecerse, y la sociedad antioqueña —y el país— sigue esperando una respuesta que el sistema judicial, hasta ahora, no ha podido entregar.
Como reportó Vanguardia, la Fiscalía imputó a Castillo el delito de desaparición forzada y una jueza de control de garantías ordenó su reclusión preventiva.