El balance de tierras entregado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reporta 142.589 hectáreas “definitivas entregadas”, de las cuales 87.602 cuentan con registro en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos y 54.018 permanecen en trámite. La exministra Cecilia López Montaño sostiene que sólo las primeras deberían contarse como adjudicadas: “gestionar no es entregar”, escribió en su cuenta de X. La discusión no se quedó en lo técnico: escaló hasta el señalamiento de “proyecto paramilitar” de un lado y la exigencia de “¡a mí usted me respeta!” del otro.
El punto de fondo es de seguridad jurídica, no de retórica. El Decreto Ley 902 de 2017, citado por ambas funcionarias, establece que la inscripción ante las ORIP no es un trámite opcional: es el requisito que convierte un título de adjudicación en un derecho de propiedad oponible frente a terceros. Hasta que esa inscripción no se produzca, el beneficiario queda en condición de vulnerabilidad, susceptible de reclamaciones, superposiciones y, en el peor de los casos, despojo. Las 54.018 hectáreas “pendientes” no son, técnicamente, tierra entregada: son procesos administrativos en curso que pueden concluir favorablemente o no.
Dicho esto, la disputa entre las dos ministras es, sobre todo, un síntoma. El Acuerdo de Paz de 2016 fijó como meta la formalización de siete millones de hectáreas y la compra de otras tres millones para su posterior entrega. Según las propias cifras oficiales citadas por El Colombiano, faltan meses para el cierre del gobierno Petro y ese objetivo luce fuera de alcance. Promesas sobre promesas, balances trimestrales sobre balances trimestrales: la sensación, para quien sigue estos temas con datos y no con eslóganes, es la de un reformismo agrario que avanzó más en comunicados que en escrituras.
Hay un segundo problema que el cruce deja ver. Cuando una cartera ministerial presenta como “entregadas” cifras que mezclan distintos estados del proceso, erosiona la confianza en el resto de su gestión. La transparencia no consiste en publicar números grandes: consiste en que esos números signifiquen lo mismo para el ciudadano, para el campesino beneficiario y para el auditor. Si la ministra tiene razón en su interpretación del régimen agrario, debe demostrarlo con cifras desagregadas, no con insultos. Si la exministra tiene razón en su cuestionamiento, debe documentar caso por caso cuántas hectáreas fueron registradas y cuántas quedaron a la deriva.
Lo demás —la acusación de “apóstatas de la democracia” en un sentido y el reclamo de respeto en el otro— es ruido. Las palabras altisonantes no inscriben una sola escritura en una ORIP. Y en un país donde el conflicto por la tierra sigue produciendo violencia, la precariedad de los títulos no es un detalle estadístico: es una bomba de tiempo. Se lo dije hace rato, escribió López. Habría que preguntarle al campesino que espera su escritura si le alcanza con esa frase.