La retórica de la transformación productiva ha sido constante en los últimos meses. El gobierno habla de reindustrialización, de economía real, de salida a la trampa de servicios financieros. El discurso resuena en ciertos sectores empresariales que, efectivamente, llevan años pidiendo un Estado que intervenga de manera selectiva en favor de cadenas productivas específicas.
Pero hay un problema de fondo que trasciende la buena intención: sin cambios institucionales verificables, sin blindaje contra la captura regulatoria, sin separación clara entre decisión política y decisión técnica, cualquier programa de industrialización selectiva termina siendo lo que siempre ha sido en Colombia: un mecanismo de transferencia de recursos hacia grupos conectados.
La historia de la contratación pública en este país está llena de ejemplos. Fondos de desarrollo regional que terminan financiando empresas vinculadas a gobernadores. Programas de fomento agrícola donde los mayores beneficiarios son contratistas cercanos a los ministerios. Decretos de emergencia que abren puertas a contratación directa sin supervisión. No es paranoia; está documentado en reportes de la Contraloría.
Lo que algunos empresarios de la economía real parecen no ver —o prefieren no ver— es que los mecanismos para ejecutar una política industrial selectiva son exactamente los mismos que se usan para hacer captura de Estado. Subsidios directos, exenciones tributarias, acceso preferente a crédito público, compras estatales garantizadas. Todo eso requiere discrecionalidad administrativa. Y la discrecionalidad, sin instituciones fuertes, es la puerta de entrada para el clientelismo.
El gobierno actual ha mostrado debilidad institucional en otros frentes. La Corte Constitucional ha tenido que frenar decretos. La Procuraduría ha abierto investigaciones por asignación irregular de contratos. Hay reportes de la Fiscalía sobre presunta corrupción en ministerios. En ese contexto, pedir que se confíe en una política industrial “bien intencionada” es pedir que se ignore el patrón.
Tampoco se trata de rechazar la intervención estatal en economía. Países como Corea del Sur, Taiwán y Singapur han usado el Estado para industrializarse. Pero lo hicieron con instituciones que funcionaban: burocracia técnica insulated de presiones políticas, rendición de cuentas clara, auditorías independientes, rotación de personal para evitar captura.
En Colombia, esos blindajes no existen. El Secop II, que debería permitir transparencia en contratación, sigue siendo un laberinto donde se cuelan contrataciones directas. Los decretos de urgencia se usan sin la revisión que la Corte Constitucional ha pedido. Los conflictos de interés en juntas directivas de bancos de desarrollo no se resuelven.
Lo que el gobierno debería hacer es simple: antes de anunciar un gran programa de industrialización, reformar las instituciones que lo ejecutarían. Crear una agencia técnica de desarrollo con autonomía real, financiamiento multianual, y prohibición de cambios de personal por razones políticas. Establecer criterios públicos y verificables para asignación de recursos. Permitir auditoría permanente de la Contraloría. Publicar en tiempo real todos los contratos, con identificación de beneficiarios finales.
Eso no es ideología. Es ingeniería institucional básica.
Mientras eso no suceda, la “revolución industrial” seguirá siendo lo que siempre ha sido: un titular que esconde transferencias de dinero público hacia redes de poder. Los empresarios de la economía real que creen que esta vez será diferente están cometiendo el error que han cometido antes: confundir un discurso progresista con un cambio de prácticas.
La trampa no está en la idea. Está en quién la ejecuta y cómo.