¿Existe en Colombia alguna correlación entre la gravedad de una investigación judicial y la desfachatez con que quien la enfrenta exhibe su vida pública? La pregunta no es retórica. Se impone tras ver a Juliana Guerrero, exfuncionaria del gobierno Petro, luciendo la camiseta de la Selección en el Fan Fest de Miami mientras la Fiscalía indaga la presunta falsificación de sus títulos universitarios.
El fenómeno merece análisis más allá del escándalo de redes sociales. No se trata solo de una exviceministra que viaja al Mundial en plena tormenta judicial. Se trata de una forma de ejercer la política que Hannah Arendt habría reconocido: la confusión deliberada entre esfera pública y esfera privada, donde la apariencia sustituye al mérito y la performance mediática anula la rendición de cuentas. Guerrero no se esconde: posa con la bandera, comenta el gol anulado a Dávinson Sánchez, invoca la memoria de Mario Alberto Yepes. El gesto es, mutatis mutandis, una lección de cinismo institucional.
Los colombianos hemos visto esta película antes. No con los mismos protagonistas, sí con la misma trama: funcionarios investigados que no renuncian al escenario, que confunden la inocencia presunta con impunidad efectiva, que tratan los procesos judiciales como molestias administrativas menores. Tocqueville advertía que la democracia degenera cuando los ciudadanos dejan de distinguir entre el respeto debido a la persona y el respeto debido al cargo. Guerrero ya no ostenta cargo, pero conserva la costumbre de exigir atención pública sin ofrecer explicaciones públicas.
La comparación que ella misma estableció —el gol anulado de 2026 versus el de Yepes en 2014— resulta involuntariamente reveladora. Yepes fue absuelto por la historia; Guerrero aún debe responder ante la justicia. En el fútbol, la tecnología del VAR corrige errores arbitrales. En la política colombiana, el mecanismo equivalente —la investigación penal— funciona con lentitud que roza la parálisis. La Fiscalía la imputó en marzo por el presunto engaño para aspirar a viceministeria; en junio, las facturas de la DIAN complicaron aún más su versión. Y sin embargo, allí está, sonriente en Miami.
No pretendo establecer culpabilidad: eso corresponde a los jueces. Pero sí puedo señalar lo que Popper llamaría la “sociedad cerrada” del clientelismo político: ese universo donde la lealtad al caudillo protege más que la competencia profesional, donde el escándalo no expulsa sino que, a veces, consolida. Que Guerrero haya aparecido en un acto de campaña de Iván Cepeda apenas días antes del Mundial, junto a su hermana, en la Universidad Popular del Cesar —la misma institución donde la denunciaron por interferir en la elección de rector—, sugiere que alguien en el Pacto Histórico calcula que su presencia suma más que resta.
Ese cálculo es el verdadero problema. No es Guerrero sola; es la apuesta de un sector político que asume que la opinión pública tiene memoria de pez, que los trending topics borran los expedientes judiciales, que la indignación de hoy es el olvido de mañana. Los contratistas y funcionarios que, según denuncias, participaron en el plantón pro-Cepeda en la UPC, reproducen la misma lógica: el Estado como herramienta de campaña, la institución como extensión del comité político.
El gobierno Petro, dicho sea con justicia, no inventó esta práctica. Pero la ha llevado a una escala que obliga a preguntarse si aún reconocemos la diferencia entre política y administración, entre militancia y servicio público. Cuando una exfuncionaria investigada por falsedad documental puede viajar al Mundial sin que su fuerza política le sugiera —siquiera por tacto institucional— guardar perfil bajo, estamos ante algo más grave que un caso individual. Estamos ante la normalización del desprecio por las reglas.
Las redes sociales, es cierto, reaccionaron. El periodista Jacobo Solano difundió las imágenes; usuarios contrastaron el viaje de Guerrero con la caridad de otros asistentes. Pero la indignación digital tiene fecha de vencimiento. Sin instituciones que actúen con celeridad, sin partidos que filtren a sus cuadros, sin una ciudadanía que castigue electoralmente la impunidad, el escándalo se convierte en res publica de papel: todos hablan, nadie resuelve.
El partido contra Portugal terminó empatado sin goles. A Guerrero le fue mejor: anotó, al menos en términos de visibilidad. Pero los torneos judiciales no se juegan en el Fan Fest. Y en esos, a diferencia del fútbol, no hay tiempo añadido para quienes creen que la tribuna absuelve lo que la ley debe juzgar.