El Gobierno nacional declaró insubsistente a Wilmar Mejía como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). La decisión, comunicada mediante decreto, se produjo después de que el propio Mejía hubiera presentado su carta de renuncia y quedara a la espera de un pronunciamiento de fondo del Ejecutivo. El cargo quedó en manos de Martha Luz Reyes, según reportó El País de Cali.
El caso no es menor. La UIAF es la entidad encargada de producir inteligencia financiera para prevenir lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Su director general tiene acceso a reportes de operaciones sospechosas, cruces de información con la Fiscalía, la Dian y las superintendencias, y participa en los comités de coordinación interinstitucional. Por la sensibilidad de la información que maneja, el perfil del titular se revisa con especial rigor en los filtros de seguridad.
Según las versiones recogidas por El País y por Noticias Caracol, Mejía fue mencionado en archivos atribuidos a las disidencias de alias Calarcá, cabecilla de una facción del EMC. En esos computadores, divulgados por el medio de televisión, se haría referencia a filtraciones desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), entidad que Mejía dirigió antes de pasar a la UIAF. La acusación central, que el exfuncionario negó de manera categórica, es que habría facilitado tratos con ese grupo armado y entregado códigos de frecuencia radial de la Fuerza Pública.
A ese expediente se suma otra denuncia pública formulada por Mejía en mayo pasado, cuando señaló que desde un Batallón de Alta Montaña del Ejército se estarían interceptando de manera ilegal sus comunicaciones. El exdirector pidió entonces intervención de la Fiscalía General de la Nación y del entonces presidente Gustavo Petro, citando al entonces ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez. La denuncia quedó en el aire sin que, hasta donde se conoce, se haya producido un pronunciamiento público de fondo sobre su curso.
La insubsistencia, como figura administrativa, no equivale a una sanción penal ni a una declaración de responsabilidad. Es la facultad que tiene el nominador de separar del cargo a un funcionario de libre nombramiento y remoción cuando pierde la confianza para ejercerlo. En este caso, sin embargo, llega precedida de señalamientos graves que involucran la relación entre inteligencia del Estado y un grupo armado ilegal, y que tocan de manera directa la credibilidad del sistema de inteligencia financiera colombiano.
Dos tareas quedan pendientes. La primera es de orden institucional: la Presidencia debe nombrar un director titular de la UIAF con un perfil técnico verificable y con los filtros de seguridad al día, para que la entidad no quede en una interinidad prolongada en un momento en el que el país enfrenta riesgos crecientes de lavado de activos y de infiltración de dineros ilícitos en la contratación pública. La segunda es de orden judicial: la Fiscalía y la Procuraduría deben avanzar en las investigaciones que correspondan, sea sobre los presuntos nexos con las disidencias, sea sobre la denuncia de interceptaciones, y producir resultados verificables en lugar de versiones periodísticas que se acumulan sin resolverse.
La opacidad no es compatible con una entidad que recibe reportes de operaciones sospechosas. Si las acusaciones tienen fundamento, deben traducirse en decisiones de la justicia. Si no lo tienen, deben cerrarse con la misma transparencia con que se abrieron. Cualquiera de los dos desenlaces es preferible al limbo actual.
Como reportó El País de Cali, la insubsistencia de Mejía se oficializó mediante decreto y el cargo quedó en Martha Luz Reyes mientras se designa un nuevo director titular.