Hay gestos que parecen inofensivos y que, sin embargo, revelan más sobre la salud de una sociedad que muchos discursos programáticos. La decisión de la Universidad Santiago de Cali de otorgar un doctorado honoris causa en Administración a Javier Milei, presidente en ejercicio de Argentina, el mismo día en que el mandatario asistía a la posesión de Abelardo de la Espriella, es uno de esos gestos. La pregunta que conviene formular con precisión no es si Milei merece reconocimientos académicos —cada institución es soberana para concederlos—, sino otra más delicada: ¿qué queda de la autonomía universitaria cuando el título honorífico se programa como pieza del protocolo de una investidura presidencial?
Los hechos, según reportó El Colombiano citando el comunicado de la propia institución, son estos: el Consejo Superior Universitario aprobó la distinción de manera unánime; el rector, Carlos Andrés Pérez Galindo, reconoció que se trata de la primera vez en la historia de la universidad que se otorga este honor a un mandatario en ejercicio, y admitió que el acto fue coordinado de antemano con la representación diplomática argentina en Colombia. La ceremonia se realizó en la sede de la Cámara de Comercio de Cali, en las horas previas a la toma de juramento. Milei, por su parte, recibió el título y lo interpretó, según la misma crónica, como un “mandato inexorable” para profundizar lo que llamó el camino de la libertad en la región.
Aquí conviene una primera precisión de honestidad intelectual. Milei es economista de formación, ha ejercido la docencia y la divulgación, y su llegada al poder constituye un fenómeno político que las universidades harían bien en estudiar con seriedad, no en ignorar. Que una facultad de administración lo invite a debatir, a dar una cátedra abierta, incluso a someter sus ideas a la crítica de sus pares, sería saludable. El liberalismo clásico al que esta casa editorial se adscribe no tiene ningún problema en reconocer que el argentino ha puesto sobre la mesa temas —el déficit fiscal, la inflación monetaria, la obesidad del Estado— que la política latinoamericana había preferido esconder bajo la alfombra durante décadas. Nada de eso está en discusión.
Lo que está en discusión es la naturaleza del honoris causa. En la tradición universitaria, este título se reserva para trayectorias culminadas, para vidas cuyo aporte al conocimiento o a la res publica puede juzgarse con la distancia que da el tiempo. Otorgarlo a un gobernante en pleno ejercicio, con su obra a medio hacer y su juicio histórico pendiente, invierte la lógica: la universidad deja de ser juez para convertirse en parte interesada. Y cuando el acto se programa como prólogo de la posesión de un aliado ideológico del homenajeado, la sospecha se agrava. Ya no luce como un reconocimiento académico, sino como un gesto de afinidad política con toga y birrete.
Tocqueville advertía que en las democracias las asociaciones intermedias —y entre ellas las universidades— son el contrapeso silencioso al poder del momento. Su valor reside precisamente en no deberle nada al gobernante de turno. Una universidad que corona a un presidente en ejercicio, en vísperas de la investidura de su correligionario, renuncia a ese papel y se convierte en lo que los españoles llaman con fina crueldad un convidado de piedra: presente en el banquete, pero sin voz propia. La unanimidad del Consejo Superior, lejos de disipar la duda, la profundiza: ¿nadie, entre todos los consejeros, consideró imprudente el momento elegido?
Dirá algún defensor de la decisión que las universidades privadas son libres de honrar a quien les plazca, y tendrá razón en lo formal. Pero la libertad institucional incluye la libertad de ser juzgada por el uso que se hace de ella. El rector Pérez Galindo declaró, según el comunicado citado por la prensa, que el reconocimiento es un “símbolo de rigor y fortaleza” para quienes transforman desde el conocimiento. Los símbolos, sin embargo, tienen destinatarios, y cabe preguntarse si en este caso el destinatario era la comunidad académica o el nuevo poder político colombiano y su red de afinidades regionales. Eso sería legítimo en un club, en un gremio, en un partido. En una universidad, se parece más a una confesión de parte.
Hay, además, un riesgo simétrico que conviene señalar a quienes hoy celebran la distinción. Si el honoris causa se normaliza como instrumento de cortesía ideológica hacia gobernantes en ejercicio, mañana lo recibirán mandatarios de signo opuesto, y quienes hoy aplauden tendrán que explicar por qué ayer era rigor académico y mañana será servilismo. La vara con que se mide a las instituciones no puede depender del color del homenajeado. Esta casa ha criticado con la misma severidad a las universidades públicas que convirtieron sus auditorios en escenarios de culto a gobiernos de izquierda; la coherencia obliga a decir lo mismo cuando el culto viene del otro lado.
Colombia estrena un gobierno que promete restaurar el orden institucional y el respeto por las formas. Esa promesa se medirá también en los márgenes: en si las universidades, los gremios y las cortes recuperan la distancia que les da dignidad frente al poder, o si por el contrario asistimos a una nueva temporada de instituciones ansiosas por fotografiarse con el vencedor. El honoris causa de Cali es un episodio menor en la contabilidad del Estado, pero mayor en la contabilidad de las costumbres republicanas. Y son las costumbres, al final, las que sostienen o derrumban todo lo demás. La pregunta queda abierta, como debe quedar: ¿al servicio de quién estaba el conocimiento esa tarde en Cali?