La Unidad Nacional de Protección estrenará director el 7 de agosto sin haber esperado al 7 de agosto. Abelardo De la Espriella, presidente electo, anunció por sus redes sociales la designación del abogado ibaguereño Didier Blanco al frente de la entidad encargada de la protección de personas en riesgo extraordinario.
La decisión llegó con críticas inmediatas. El senador Orlando de la Hoz, del Pacto Histórico, calificó el nombramiento como “inaceptable e incoherente” y señaló que el designado habría emitido mensajes que estigmatizan a quienes piensan distinto. El representante Ariel Ávila, de la Alianza Verde, lo tildó de “extremista y radical” y preguntó si con esa llegada quedan en riesgo los líderes de oposición. Son dos reacciones políticas previsibles en un país polarizado, pero obligan a una pregunta de fondo: ¿qué perfil se requiere para dirigir una entidad que protege, entre otros, a quienes critican al gobierno de turno?
Blanco es psicólogo, abogado especialista en derecho penal y disciplinario, y poligrafista. Su anuncio en X fue de orden administrativo: ofreció “capacidad y compromiso” a los funcionarios y habló de construir una “Patria Milagro”, sin detallar hoja de ruta.
Lo concreto es lo que deja la fuente: una entidad con protesta sindical activa desde el 21 de julio, un relevo de dirección en plena transición y antecedentes recientes de escándalo que pesan sobre cualquier gestión. La UNP ha sido señalada en distintos informes de la Contraloría y la Procuraduría por irregularidades en la asignación de esquemas, retrasos en estudios de nivel de riesgo y filtración de información reservada. Cualquier director que llegue debe responder a esa hoja de ruta, no a los aplausos del nuevo gobierno.
El contraste con el otro anuncio reciente del mismo equipo de transición es diciente. Como reportó Caracol Radio, días antes se designó a David Santiago Tamayo como director de la UNGRD, la entidad de gestión del riesgo que también pasó por escándalos contractuales. Las dos designaciones comparten un rasgo: llegan desde el círculo cercano del presidente electo, sin que se conozcan criterios técnicos de idoneidad publicados en gaceta o comunicado oficial.
Para la oposición, el riesgo es claro: que la protección a líderes sociales, sindicales y políticos disidentes dependa de la afinidad con el gobierno. Para el gobierno entrante, el reto es demostrar lo contrario. La primera señal la dará el propio Blanco cuando se siente en el despacho, atienda la protesta sindical y convoque a las veedurías ciudadanas que durante años han fiscalizado la UNP. Si lo hace, las críticas perderán fuerza. Si no, la pregunta de Ávila habrá encontrado respuesta antes de que termine agosto.