La vicepresidencia en Colombia es un cargo que existe sin existir del todo. No tiene competencias claras en la Constitución, no dirige ministerio alguno, no preside entidad de importancia. Cuando un presidente muere o es destituido, el vicepresidente asume. Fuera de esa contingencia, su función es la de comparecer en actos protocolares y, según el temperamento del mandatario de turno, participar o no en decisiones de gobierno.
Esta indefinición no es accidental. Como ha documentado la historiografía política, la vicepresidencia fue “fantasía institucional” antes de 1819. Fue suprimida y resucitada según las conveniencias de cada régimen. Hoy persiste esa ambigüedad: es un cargo que se crea para sumar votos en una fórmula presidencial, pero cuyo poder real depende enteramente de la voluntad del presidente en ejercicio.
La Constitución de 1991 no resolvió este vacío. El artículo 204 establece que el vicepresidente “ejercerá las funciones que le asigne el Presidente de la República”. Eso es todo. No hay un catálogo de responsabilidades, no hay una cartera asignada, no hay una línea de sucesión clara en la toma de decisiones. El vicepresidente es, constitucionalmente, lo que el presidente decida que sea.
En la práctica, esto ha producido vicepresidencias de tres tipos. Primero, la decorativa: funcionarios que asisten a inauguraciones y funerales de jefes de Estado, que viajan cuando se les encomienda, que permanecen en silencio. Segundo, la incómoda: cuando el vicepresidente proviene de una coalición política distinta a la del presidente, o cuando sus ambiciones personales chocan con la lealtad esperada. Tercero, la útil: cuando el presidente delega responsabilidades específicas, usualmente de coordinación interinstitucional o de gestión territorial.
El problema es que ninguna de estas tres modalidades está regulada. No hay un protocolo que establezca qué hace un vicepresidente decorativo, cuáles son sus derechos cuando es incómodo, o cuáles son sus responsabilidades cuando es útil. Cada administración reinventa la rueda.
Esto genera dos riesgos institucionales. El primero es la concentración de poder: si el vicepresidente no tiene competencias propias, toda decisión que toma depende de la autorización presidencial, lo que refuerza el presidencialismo ya excesivo de nuestro sistema. El segundo es la vulnerabilidad: si el vicepresidente muere o se incapacita, no hay un mecanismo claro de sucesión. La Constitución no prevé un “vicevicepresidente” ni designa un sucesor en la línea de mando.
Francia Márquez, vicepresidenta desde 2022, ha ocupado un espacio ambiguo. Se le ha visto en actos de gobierno, en viajes internacionales, en declaraciones sobre política social. Pero su rol no está definido en documento alguno. Depende de la interpretación que haga el presidente Petro en cada momento. Eso es frágil.
Lo que Colombia necesita es una reforma constitucional que clarifique la vicepresidencia. No necesariamente para darle más poder—eso depende de cada proyecto político—sino para definir qué poder tiene. ¿Debe ser un cargo ejecutivo con responsabilidades específicas? ¿Debe ser puramente sucesorio, sin funciones en vida? ¿Debe haber un vicepresidente por cada rama del poder?
Mientras tanto, la vicepresidencia seguirá siendo lo que siempre ha sido: un cargo que existe en el papel, pero cuya realidad depende del capricho de quien lo nombra. Eso no es institucionalidad. Es improvisación con banda presidencial.
La historia de la vicepresidencia colombiana es la historia de un cargo que nunca supo qué era. Casi dos siglos después, seguimos sin saberlo.