La provincia de Ocaña atraviesa una crisis de seguridad que no puede reducirse a la crónica roja habitual. El registro de cinco asesinatos y tres heridos en menos de dos semanas, incluyendo tres homicidios en un solo sábado, supera los umbrales de tolerancia de cualquier comunidad y señala una falla estructural en el monopolio de la fuerza. Para un analista de riesgo político, estos patrones de violencia simultánea y dispersa geográficamente no son aleatorios; son síntomas de una disputa territorial que el Estado colombiano está perdiendo en tiempo real.
Desde Bucaramanga, observamos con preocupación cómo la narrativa oficial intenta encasillar estos hechos como delincuencia común o riñas pasionales. Sin embargo, la ejecución de ataques armados en vías estratégicas como la que comunica a Ocaña con Ábrego, y la presencia de víctimas con perfiles tan diversos como un ciudadano venezolano y un agricultor local, sugieren una dinámica más compleja. Cuando la violencia se manifiesta en múltiples nodos geográficos de forma casi simultánea, estamos ante un problema de gobernanza territorial, no de convivencia ciudadana.
Un corredor estratégico en disputa
Ocaña no es un municipio aislado; es un nodo logístico vital que conecta el Catatumbo con el resto del país y, por extensión, con la frontera venezolana. La vía hacia Ábrego, donde ocurrió uno de los ataques más recientes contra una familia de agricultores, es una arteria económica para el transporte de alimentos y combustibles. La incapacidad de garantizar la seguridad en este corredor tiene implicaciones directas sobre los costos de transacción y la viabilidad de la actividad económica legal en la región.
Como hemos documentado en análisis previos sobre el eje Bogotá-Brasilia-Washington, la seguridad en las zonas de integración fronteriza es un bien público regional. La inestabilidad en Ocaña genera externalidades negativas que trascienden Norte de Santander. Si el Estado no puede proteger a un conductor de vehículo pesado o a un comerciante en una zona de alta densidad poblacional y universitaria, la señal que se envía a los actores económicos y a los socios internacionales es de fragilidad institucional. No se trata solo de orden público; se trata de la credibilidad del Estado de derecho en una zona de interés hemisférico.
La migración como variable de riesgo mal gestionada
El asesinato de Daniel Miguel Márquez González, ciudadano venezolano, cerca de la Universidad Francisco de Paula Santander, añade una capa de complejidad que requiere análisis sobrio y alejado de la xenofobia o la indiferencia. Este es el tercer homicidio de un nacional venezolano en lo corrido del año en la provincia. La integración migratoria fallida, sumada a la falta de control territorial, convierte a esta población en un factor de vulnerabilidad doble: son víctimas potenciales de la violencia y, ante la ausencia de Estado, pueden ser cooptados por estructuras criminales o generar tensiones sociales que exacerban la inestabilidad.
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la gestión migratoria debe entenderse como un componente de la seguridad nacional y la competitividad regional. Los datos de organismos como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Mundial han sido consistentes en señalar que la integración económica de la migración solo es posible bajo condiciones de seguridad jurídica y física. En Ocaña, la realidad es la opuesta: la informalidad y la violencia compiten por la mano de obra migrante, y el Estado parece ausente en la provisión de bienes públicos básicos.
La respuesta institucional ante la evidencia
Es momento de que las autoridades nacionales y departamentales dejen de tratar a Ocaña como un problema de policía local. La recurrencia de hechos violentos en sectores como Capitán Largo y La Rinconada, incluso cerca de infraestructura crítica y educativa, indica que las estrategias actuales de seguridad ciudadana son insuficientes. Se requiere una intervención integral que combine inteligencia militar, presencia judicial efectiva y oferta institucional económica, no solo patrullaje reactivo.
Como medio que defiende la fuerza pública profesional y el Estado de derecho, reconocemos la dificultad operativa en estos territorios. Pero también debemos ser críticos cuando la respuesta estatal es tardía o fragmentada. La seguridad no es negociable ni graduable según la conveniencia política del momento. Si Ocaña sigue desangrándose, el costo lo pagará toda la región andina en forma de desplazamiento, pérdida de productividad y deterioro de la confianza en las instituciones democráticas. La evidencia está sobre la mesa; lo que falta es la voluntad política para actuar con la contundencia que la situación exige.