La muerte de Rogers Mauricio Devia, coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella y exalcalde de Cubarral, Meta, junto a Fabián Cardona, marca un retroceso grave en la seguridad de la actividad política en el país. No es un episodio aislado, sino la confirmación de una pauta que persiste en territorios donde la presencia estatal es débil y los grupos armados mantienen control territorial.
Según reportó El Universal, De la Espriella atribuyó el crimen a disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá. La afirmación del candidato, aunque comprensible en el contexto emocional del momento, requiere verificación por parte de las autoridades competentes. La Fiscalía General y la Policía Nacional son las entidades que deben establecer autoría, móvil y circunstancias precisas del homicidio. Hasta ahora, la atribución permanece en el terreno de la hipótesis política, no del hallazgo investigativo.
Lo que sí es verificable es el contexto. El Meta ha sido escenario recurrente de violencia contra líderes políticos y candidatos durante ciclos electorales. La región concentra presencia significativa de grupos armados no estatales que históricamente han interferido en procesos electorales mediante intimidación, amenazas y homicidios. Este no es un fenómeno nuevo. Lo que cambia es que ocurre nuevamente cuando el país intenta consolidar una competencia electoral sin restricciones.
La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, anunció una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los responsables y convocó a un consejo extraordinario de seguridad. Estas son medidas reactivas, necesarias pero insuficientes. La pregunta que debe formularse es por qué, después de años de transición y negociaciones con grupos armados, territorios como Cubarral permanecen bajo amenaza constante para la actividad política.
La respuesta no es simple. Implica reconocer que la presencia institucional del Estado en zonas rurales del Meta sigue siendo endeble. La Policía, la Fiscalía y las autoridades locales carecen de recursos, personal y coordinación suficientes para garantizar seguridad en municipios donde los grupos ilegales mantienen estructuras de control. No es un fracaso de voluntad, sino de capacidad estatal.
De la Espriella anunció una caravana en homenaje a las víctimas y en contra del narcoterrorismo. La iniciativa es legítima, pero también expone un dilema: ¿cómo garantizar que una movilización política en Meta no se convierta en blanco de nuevas acciones violentas? Las autoridades de seguridad enfrentan ahora la obligación de diseñar un dispositivo que permita que el candidato ejerza su derecho a la campaña sin exponerse a riesgos adicionales.
Este es el fondo del asunto. La violencia contra actores políticos no es solo un crimen que debe investigarse y sancionarse. Es un síntoma de que el Estado no ha logrado recuperar el monopolio de la fuerza en territorios específicos. Mientras eso no ocurra, la competencia electoral seguirá siendo desigual. Algunos candidatos podrán moverse libremente; otros enfrentarán restricciones impuestas por actores armados ilegales.
La Fiscalía debe avanzar rápidamente en la investigación. Las autoridades electorales deben evaluar si existen condiciones mínimas de seguridad para que la campaña continúe en el Meta. Y el gobierno nacional debe reconocer que la seguridad de la política no es un asunto menor: es una condición básica para que la democracia funcione.
Mientras tanto, dos hombres están muertos. Sus familias, enlutadas. Y el Meta sigue siendo un territorio donde la política se ejerce bajo amenaza.