Colombia experimenta cada jornada electoral como un evento que excede lo político. Según el psiquiatra José Posada-Villa, las campañas electorales actúan como mecanismo de reactivación de traumas históricos vinculados a la violencia política. Asesinatos de líderes, persecuciones, desplazamientos: cada elección recrea esa memoria en la mente colectiva.
El fenómeno tiene dimensiones medibles. Posada-Villa señala que la población entra en estado de vigilia permanente durante los períodos electorales, con síntomas de estrés crónico: insomnio, ansiedad, desconfianza. No se trata de nerviosismo ordinario. En un país donde la política ha estado asociada históricamente a represión y violencia, cada votación genera una reactualización de esa experiencia traumática.
La polarización agudiza el problema. Según el análisis del psiquiatra, la fractura entre dos orillas políticas que se observan con desconfianza genera un trauma colectivo que se reactiva periódicamente. Las redes sociales han amplificado este efecto: la confrontación ocurre en tiempo real, sin espacios de contención. La agresividad digital multiplica los impactos psicológicos de la confrontación política.
Lo que ocurre después de los resultados es especialmente relevante desde la salud pública. Posada-Villa identifica un patrón: tras la victoria, existe idealización del ganador como figura redentora capaz de resolver problemas estructurales. Cuando esas expectativas se frustran—como ocurre inevitablemente en política—la decepción se convierte en rabia. En un contexto donde la violencia política tiene precedentes, esa transformación emocional puede derivar en protestas que escalan o en narrativas de traición que profundizan fracturas institucionales.
El rol de los líderes políticos en este ciclo es determinante desde la perspectiva de salud mental. Posada-Villa subraya que un discurso conciliador puede reducir la ansiedad colectiva, mientras que uno que legitima la exclusión o azuza la confrontación actúa como acelerador de la polarización. En Colombia, donde la represión de la protesta y la persecución de opositores tienen antecedentes documentados, las palabras de candidatos y funcionarios electos no son retórica: son señales que el país interpreta a través del filtro de su memoria traumática.
La incertidumbre postelectoral mantiene a la población en alerta permanente. Según Posada-Villa, esto es especialmente grave en un país con antecedentes de fraude, represión y violencia política. La democracia, que debería funcionar como refugio institucional, se percibe como terreno minado. Los síntomas de estrés crónico se multiplican y afectan la estabilidad psicológica colectiva.
Sin embargo, Posada-Villa también identifica un factor de resiliencia que merece atención desde la política pública. Señala que muchas comunidades que han experimentado violencia política siguen participando en procesos democráticos, organizándose para reclamar derechos y construir espacios de paz. Esa participación transforma la frustración en energía constructiva. Desde la salud mental, eso representa un acto de sanación colectiva.
El Estado tiene responsabilidades que van más allá de garantizar elecciones técnicamente correctas. Debe reconocer que la polarización tiene costos en salud mental medibles y que esos costos afectan la estabilidad institucional. Esto implica que los líderes políticos, independientemente de su filiación, deben entender que sus discursos tienen efectos en el bienestar emocional del país. No es paternalismo: es reconocer que una democracia no funciona si sus ciudadanos permanecen en estado de trauma.
La pregunta que debería orientar el debate público es directa: ¿queremos una democracia que funcione solo en las urnas, o una que también genere condiciones para la sanación? Porque votar es un acto. Vivir juntos después es otro.