El Congreso en pleno eligió este miércoles a Jorge Eliécer Laverde Vargas como nuevo Contralor General de la República para el periodo constitucional 2026-2030, con 269 votos a favor. La cifra, según reportó El Frente, consolida una elección que venía precedida por un proceso de selección que incluyó convocatoria pública, evaluación de conocimientos, valoración de experiencia y audiencias ante las cámaras legislativas.
El nuevo jefe del ente de control fiscal es abogado, doctor en Derecho por la Universidad Católica de Colombia y posdoctor por la Universidad de Bolonia, Italia. Cuenta, además, con maestrías en Gobierno del Territorio y Administración de Negocios, y especializaciones en Derecho Constitucional, Gerencia Financiera y Alto Gobierno. Su trayectoria pública incluye pasos por la Secretaría de la Comisión Sexta del Senado, la Procuraduría General de la Nación y la Asamblea Departamental de Caldas, de la cual fue presidente.
El perfil académico es, sin discusión, el más robusto que ha llegado al cargo en los últimos procesos de selección. Pero una Contraloría no se mide por la densidad de su hoja de vida, sino por la cantidad de fallos con responsabilidad fiscal que efectivamente produce, por la calidad de las auditorías que publica y por su disposición a abrir investigaciones de alto calibre sin calibrarlas según el color político del gobierno de turno.
La Contraloría General atraviesa, además, un momento institucional delicado. En los últimos años ha sido objeto de críticas por la demora en procesos de responsabilidad fiscal, por la concentración de investigaciones en contratistas menores mientras los grandes adjudicatarios de megaproyectos quedan fuera del radar, y por la baja ejecución de auditorías sobre regalías y sobre la contratación directa en entidades del orden nacional. Cualquier nuevo contralor que pretenda recuperar credibilidad debe empezar por publicar indicadores trimestrales de gestión, no por declaraciones de intención.
En su primera intervención ante el Congreso en pleno, Laverde Vargas sostuvo que la entidad será “la casa de la transparencia y un templo técnico al servicio del pueblo colombiano” y que asume “este reto histórico con la humildad del servidor provincial que nunca olvida sus raíces y la firmeza del guardián del patrimonio de todos los colombianos”, como registró El Frente. Las palabras son las esperadas; lo que sigue es lo que cuenta.
Hay, por lo demás, un punto que merece atención pública: la procedencia regional del nuevo contralor. Su paso por la Asamblea de Caldas, corporación de la que fue presidente, no es en sí misma un demérito, pero sí obliga a que el manejo de procesos que involucren a actores de esa región se haga con plenas garantías de independencia. La regla no escrita de la Contraloría es que todo contralor termina auditando a quienes lo acompañaron en su trasegar político. Laverde Vargas debería anticiparse y apartarse preventivamente de cualquier expediente que comprometa a excolegas de esa corporación.
En materia de contratación pública, que es donde esta columna concentra su atención, la Contraloría tiene tres frentes abiertos que definirán el peso del nuevo contralor en los próximos cuatro años. El primero es la auditoría a la contratación directa en entidades del orden nacional, que según cifras de la propia entidad supera el 40 por ciento del total de procesos celebrados por vía excepcional. El segundo es el seguimiento a los contratos de las entidades promotoras de salud y de las EPS intervenidas, donde se presume uno de los mayores focos de riesgo fiscal del momento. El tercero, la vigilancia sobre los proyectos financiados con recursos de regalías, cuya ejecución ha sido históricamente opaca.
Laverde Vargas llega, en suma, con un capital técnico notable y con un mandato fiscal explícito. La pregunta que queda flotando no es si tiene las credenciales para ejercer el cargo —las tiene—, sino si está dispuesto a usarlas contra cualquier actor político, incluido el que lo eligió. Esa es la prueba que ninguna hoja de vida puede acreditar de antemano.