La Veeduría Ciudadana advirtió que la eventual liquidación de Air-e carece de sustento jurídico y constituye una decisión irresponsable, en particular cuando la compañía todavía registra una deuda de 2,5 billones de pesos con generadores y transmisores del sistema eléctrico. El pronunciamiento, recogido por La República, vuelve a poner sobre la mesa un debate que combina dos asuntos que este medio ha seguido de cerca: la sostenibilidad de los esquemas de prestación del servicio de energía en la Costa Caribe y los efectos de las decisiones administrativas sobre la confianza inversionista.
El primer elemento a considerar es el pasivo. Una empresa en proceso de liquidación no desaparece del mapa contable: sus obligaciones se trasladan al Estado o se castigan, según el caso. Cuando el deudor es un operador del servicio público domiciliario, la cadena de efectos es más larga. Generadores y transmisores que esperaban recuperar cartera deben provisionar el riesgo, y ese costo, tarde o temprano, termina trasladándose a los usuarios vía tarifa o al presupuesto nacional vía reconocimiento. La Veeduría Ciudadana, según reportó La República, señaló que liquidar a Air-e en este punto “daría un mal mensaje al mercado”. La afirmación es verificable: en los últimos años, varias decisiones regulatorias sobre operadores del Caribe ya habían elevado la percepción de riesgo sectorial.
El segundo elemento es el jurídico. La Veeduría sostiene que la medida no tiene sustento. Esa es una afirmación fuerte y, por tanto, debe leerse con cuidado: corresponde a una organización de la sociedad civil con criterio técnico, pero no es una sentencia judicial ni un concepto vinculante de la Superintendencia de Servicios Públicos ni de la Contraloría. Lo que sí es exigible al Gobierno nacional, y en particular al Ministerio de Minas y Energía, es que cualquier decisión sobre Air-e se sustente en un acto administrativo motivado, con análisis financiero, jurídico y tarifario, y que ese documento sea público. La opacidad en este tipo de procesos es lo que alimenta la sospecha de uso político de las decisiones regulatorias.
El tercero es el institucional. Air-e opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, zonas con indicadores de pobreza energética superiores al promedio nacional y donde el servicio ha sido históricamente deficiente. Liquidar al prestador sin un plan de transición verificable —con operador de respaldo, continuidad laboral para los trabajadores y cronograma de pagos a la cadena de suministro— equivale a trasladar el riesgo al usuario final. La Superintendencia de Servicios Públicos tiene la competencia para vigilar que esa transición, si se produce, cumpla los requisitos de ley.
Desde esta tribuna hemos sostenido que las decisiones sobre empresas públicas o mixtas con incidencia en servicios esenciales deben pasar tres pruebas: técnica, jurídica y de transparencia. La primera exige que los números cierren; la segunda, que el acto administrativo resista un control de legalidad; la tercera, que la ciudadanía conozca los criterios. La Veeduría Ciudadana plantea que la posible liquidación de Air-e no supera, al menos en lo que se conoce públicamente, ninguna de las tres.
Queda una pregunta que el Gobierno no ha respondido con documentos: ¿qué operador asumiría el servicio en Atlántico, Magdalena y La Guajira, en qué condiciones y con qué cronograma? Sin esa respuesta, cualquier anuncio sobre el futuro de Air-e es, por ahora, una declaración política. Y las declaraciones políticas no pagan deudas de 2,5 billones de pesos.