La campaña de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República reportó ante el Consejo Nacional Electoral gastos totales por 38.628 millones de pesos, una cifra que, según los reportes oficiales reproducidos por la investigación de Cambio, se ubicó a 375 millones del tope legal autorizado. El grueso se concentró en propaganda electoral (23.589 millones) y administración (7.622 millones). El rubro de “transporte y correo” sumó 2.790 millones. Dentro de ese último ítem aparece un proveedor que, al revisar sus papeles, no resiste el menor escrutinio.
Nova Soporte Integral recibió 1.299 millones de pesos de la campaña, distribuidos en tres partidas: 206 millones por “honorarios” incluidos en administración, 488 millones por logística y alimentación de eventos y 608 millones por transporte. A la vez que facturaba esa cifra, la empresa no tenía página web, ni redes sociales, ni sede operativa verificable. En la dirección registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá funciona, según la misma investigación, un establecimiento dedicado a la venta de papas y yucas congeladas.
La historia societaria de la firma es la pista más clara. En diciembre de 2021 fue constituida como Auto-Servis Colombia S.A.S, con un capital de seis millones de pesos aportados por tres socios, entre ellos Albert Yesid Manrique, dedicada a mantenimiento vehicular y venta de autopartes. En octubre de 2023 fue liquidada. El 20 de febrero de 2026, dos de los socios originales pidieron su reactivación ante la Cámara de Comercio de Bogotá, esta vez bajo el nombre de Nova Soporte Integral y con un objeto social dedicado al arrendamiento de vehículos y el transporte mixto. El trámite quedó formalmente inscrito el 2 de marzo. Meses después, según Cambio, facturó los 1.299 millones.
El representante legal inscrito desde la reactivación es Juan Esteban Gómez Macías, un joven residente en la Comuna 1 de Medellín, estudiante de Ciencias Sociales en una universidad pública, registrado en el Sisbén en condición de “vulnerable”, beneficiario de bono alimentario en 2026 y de auxilios de sostenimiento y beca en 2024. No tiene propiedades a su nombre. El contraste entre ese perfil y una facturación superior a los mil millones en pocos meses no necesita adjetivos: lo describe el expediente mismo.
La información, según Cambio, fue reconstruida con base en los reportes de ingresos y gastos de la propia campaña, los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, los certificados del Sisbén y los listados de beneficiarios de auxilios de la Alcaldía de Medellín. El reportaje documenta, además, que Gómez Macías fue consultado y, tras ello, desapareció de redes sociales.
Tres observaciones editoriales. Primera: el sistema de financiación y gasto de las campañas presidenciales colombianas, administrado por el CNE y supervisado por la Contraloría, se sostiene sobre la veracidad de los reportes de los propios candidatos. Cuando un proveedor con cinco meses de vida y sin operación recibe 1.299 millones, la carga de la prueba recae sobre la campaña. Segunda: una campaña que llegó a segunda vuelta y que se presenta como defensora de “máximos estándares” no puede dejar sin explicación documental pagos a una empresa con ese perfil societario. Tercera: la reiteración de este tipo de esquemas —proveedores sin operación real y representantes legales sin trayectoria empresarial— debería obligar a una reforma seria del régimen de umbrales y requisitos para contratar con campañas y con el Estado. Se trata, en todo caso, de una pauta conocida en la contratación pública del país, no de una imputación aislada.
Hasta que la campaña de De la Espriella, el CNE, la Fiscalía o la Contraloría se pronuncien, lo que queda son los hechos documentados por Cambio: una firma liquidada, reflotada cuatro meses antes de la primera vuelta, sin operación verificable, con un representante legal sin trayectoria empresarial, y 1.299 millones reportados a su favor. La verificación de esos hechos es, en una democracia, una obligación institucional, no una opinión.