El movimiento Defensores de la Patria divulgó el 1 de julio los cuatro ejes del empalme presidencial de Abelardo de la Espriella. Entre los puntos anunciados, según reportó Infobae Colombia, aparece la confirmación de un aporte de 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para acompañar la transición. La cifra, difundida antes de que se conozca el convenio que la respalda, abrió un cruce de versiones que ilustra un problema de fondo: la opacidad inicial en el manejo de información pública sobre cooperación internacional.
Según Infobae, Aida Quilcué, representante electa por el Pacto Histórico y exfórmula vicepresidencial de Iván Cepede, sostuvo que “un empalme nunca ha requerido ese tipo de financiación” y señaló que los recursos “no son un regalo”, pues a su juicio se convertirían en deuda y abrirían la puerta a condicionamientos externos. La dirigente preguntó, según la misma fuente, si Colombia necesita ese endeudamiento para una transición que, en su lectura, se ha hecho sin esos fondos.
Desde el Centro Democrático, según Infobae, María Fernanda Cabal respondió en su cuenta de X que se trata de “60 millones de dólares no reembolsables”, es decir, de “recursos que no constituyen deuda, no deben devolverse ni generan intereses”. Cabal agregó, de acuerdo con el mismo reporte, que “esta cooperación técnica no es un préstamo”, en lo que constituye una opinión política dirigida a la dirigente del Pacto Histórico.
La diferencia entre una y otra lectura no es retórica: es contable. El BID opera con varios instrumentos. Los préstamos soberanos, incluso los de tasa concesional, se registran como deuda externa en el balance del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República. La cooperación técnica no reembolsable, en cambio, figura como asistencia y no genera obligaciones financieras para el receptor, aunque sí compromisos de ejecución, informes y adopción de marcos de política. El comunicado del movimiento Defensores de la Patria, divulgado el 1 de julio y reseñado por Infobae, no precisa el instrumento.
Por eso el punto medular no es quién argumentó con más fuerza en redes, sino qué tipo de convenio se firmó. La trazabilidad de esos recursos debería ser pública desde el primer día: el documento firmado, el destino por actividad, los productos esperados, los indicadores de gestión y, sobre todo, la clasificación contable del aporte. Esa es la única manera de desactivar la polarización y de fiscalizar un proceso que, por su monto, compromete recursos de cooperación internacional y, eventualmente, compromisos de política pública.
La discusión también toca un punto sensible: la relación con los multilaterales. La cooperación técnica del BID ha financiado históricamente programas de modernización del Estado, desde reformas tributarias hasta reestructuraciones de entidades públicas. Que sea no reembolsable no la convierte en neutral. Toda asistencia multilateral trae consigo agendas, marcos de evaluación y recomendaciones de política que el país receptor decide si adopta o no. La pregunta de fondo, entonces, no es si Colombia debe recibir apoyo técnico, sino con qué reglas, con qué transparencia y con qué contrapesos institucionales se acepta.
Quedan, además, preguntas de procedimiento que un empalme ordenado debería responder antes de comunicar cifras: ¿qué dependencia negocia el convenio con el BID, el gobierno saliente o el entrante?, ¿qué instancia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público valida la operación?, ¿qué concepto emite la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional sobre el registro del aporte? Sin esos papeles sobre la mesa, cualquier debate en redes se convierte en un ejercicio de fe partidista.
Dos lecciones deja el episodio, en mi lectura como columnista. Primera, que en Colombia cualquier cifra en dólares asociada a una transición se vuelve automáticamente objeto de sospecha, y esa desconfianza solo se combate con documentos públicos, no con declaraciones en X. Segunda, que el contraste entre las dos versiones refleja un debate más amplio sobre qué tipo de relación quiere el país con sus organismos multilaterales: una cooperación técnica con reglas claras, o una dependencia financiera con condicionalidades difusas.
Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿son 60 millones no reembolsables, como señaló Cabal según Infobae, o un crédito, como sostuvo Quilcué en la misma fuente? El equipo del presidente electo tiene la respuesta documentada. Y la tiene que hacer pública antes de que la transición se discuta más en redes que en el escritorio del Ministerio de Hacienda.