Medicina Legal, en cabeza de su director Ariel Cortés, entregó esta semana una cifra que el Gobierno no había dimensionado en público: aproximadamente 65 menores de edad habrían fallecido en operaciones militares durante el actual cuatrienio. La información, según reportó La Nación de Neiva, fue consolidada tras estudios de necropsia y ubica geográficamente los casos en zonas periféricas como Guaviare, Arauca y Putumayo.
El rango etario que menciona Cortés, entre 14 y 17 años, coincide con el perfil documentado de reclutamiento forzado por parte de estructuras armadas ilegales. Esa coincidencia no exime al Estado de su responsabilidad: si la Fuerza Pública bombardea posiciones donde, según la propia Defensoría del Pueblo, existe riesgo para población menor de edad, el protocolo de suspensión que esa misma entidad ha reclamado desde hace meses debería estar operando, no discutiéndose.
Hay tres problemas que la cifra deja expuestos.
Primero, la asimetría informativa. El director de Medicina Legal entrega datos consolidados por necropsia, es decir, evidencia forense verificable. El Ministerio de Defensa, en contraste, suele comunicar resultados operativos en términos de “neutralizaciones” y “bajas”, categorías que no distinguen edad, condición ni contexto. Cuando la única radiografía cuantificada del impacto humanitario proviene de un instituto científico y no de la cadena de mando militar, algo está fallado en los reportes oficiales.
Segundo, la concentración geográfica. Guaviare, Arauca y Putumayo no son territorios neutrales: son zonas donde operan disidencias de las Farc y estructuras vinculadas al reclutamiento de menores. Bombardearlos sin inteligencia suficiente sobre presencia infantil equivale a operar con información incompleta, algo que la Defensoría había alertado.
Tercero, la denuncia del Clan del Golfo sobre un bombardeo en Nuquí, Chocó, donde según esa organización murieron cuatro menores, ilustra el problema inverso: cuando las fuentes de verificación son los grupos armados ilegales, la opacidad se multiplica. Las Fuerzas Militares confirmaron la operación contra la subestructura Jhon Fredy Orjuela y reportaron nueve muertos, pero no detallaron edad ni identidad de las víctimas.
La política de “paz total” tiene, entre sus muchas zonas grises, una particularmente grave: cómo se ejecutan operaciones de alto calibre en territorios donde el reclutamiento infantil es práctica sistemática de los grupos a los que se busca afectar. La respuesta no puede ser suspender toda operación militar —eso sería cederle el territorio a esas estructuras—, pero tampoco puede ser continuar sin protocolos verificables de protección infantil, con cifras que solo emergen cuando un director de Medicina Legal decide hacerlas públicas.
El Gobierno tiene la obligación de entregar tres cosas: (i) el número exacto de menores fallecidos por año y por departamento, con necropsia cruzada; (ii) el protocolo vigente que activa la suspensión de bombardeos cuando hay indicios de presencia de menores; (iii) las medidas adoptadas tras cada caso documentado. Sin esos tres elementos, la cifra de 65 seguirá siendo un número suelto, útil para el debate pero inútil para la política pública.
Como reportó La Nación, Cortés también advirtió que la violencia se está “incorporando” a zonas que históricamente habían estado al margen, fenómeno que describe como “la otra Colombia”. Esa frase, involuntariamente, describe también el problema de fondo: hay una Colombia periférica donde el Estado llega primero con bombas y después, si acaso, con servicios.