¿Puede un Estado reparar el daño que infligió en nombre de la seguridad? La pregunta no es retórica cuando se examina el memorando 002-92 del Departamento Administrativo de Seguridad, fechado el 7 de julio de 1993, dos meses después de que Pedro Julio Movilla Galarcio fuera desaparecido en Bogotá. El documento, ahora público gracias a la desclasificación ordenada por Gustavo Petro en diciembre de 2025, no revela una operación contra la insurgencia, sino la persecución sistemática de un dirigente del Partido Comunista Marxista Leninista que no integraba grupo armado alguno. Que este papel haya permanecido oculto durante treinta y dos años en una caja mal catalogada de la Seccional de Antioquia dice menos sobre el azar archivístico que sobre la arquitectura del olvido que el DAS construyó para protegerse a sí mismo.
La entrega de estas primeras carpetas a las familias de Movilla y de Jaime Garzón representa un gesto institucional que los colombianos debemos reconocer, aunque llegue con tres décadas de retraso. No se trata de un favor político, sino del cumplimiento de obligaciones internacionales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó la desclasificación en el caso Movilla, y la Jurisdicción Especial para la Paz ha requerido información sobre el asesinato de Garzón. Petro, en el ocaso de su mandato, ejecutó una decisión que solo el jefe de Estado puede tomar, y lo hizo sabiendo que el proceso apenas comienza. Quedan por revisar 57.544 cajas y 47.829 medios magnéticos, una montaña documental que el Archivo General de la Nación procesa con recursos insuficientes y personal escaso.
Aquí emerge la tensión central que debe preocupar a quienes defendemos el Estado de derecho. Francisco Flórez, director del Archivo General, ha advertido que la entidad podría sufrir recortes presupuestales bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el 7 de agosto. La preocupación no es menor: el proceso de intervención archivística requiere cinco años solo para contar los folios, y la digitalización y anonimización de datos sensibles demanda una inversión sostenida que trasciende los ciclos electorales. Si el nuevo gobierno reduce el presupuesto o, peor aún, instrumentaliza el archivo para fines propagandísticos, habrá traicionado no solo a las víctimas del DAS, sino al principio mismo de que el Estado debe rendir cuentas de sus propios crímenes.
Flórez acierta cuando sostiene que las sociedades mejor preparadas para gestionar sus conflictos no son las que borran el pasado, sino las que lo recuperan, lo entienden y lo cuestionan. La frase tiene resonancias tocquevillianas: en La democracia en América, el francés advertía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetir sus errores, pero también a perder la capacidad de distinguir entre la verdad y la ficción oficial. El DAS no fue una aberración aislada, sino la expresión institucional de una lógica que equiparaba la disidencia con la subversión. Liquidado en 2011 tras revelarse que espiaba a magistrados, periodistas y defensores de derechos humanos, el organismo dejó un archivo que es, a la vez, evidencia criminal y testimonio histórico.
El llamado de Flórez a “pluralizar la memoria, no imponerla” merece una lectura atenta. No se trata de relativizar los hechos ni de conceder espacio al negacionismo, sino de reconocer que la verdad histórica se construye mediante el acceso abierto a las fuentes, no mediante decretos que establezcan una versión oficial. Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, insistía en que las instituciones democráticas se fortalecen cuando permiten el escrutinio crítico, no cuando imponen dogmas. El Archivo General no debe interpretar los documentos, como bien señala Gloribel Rodríguez, subdirectora de Archivos de Entidades Liquidadas; su tarea es preservarlos, describirlos y ponerlos a disposición de jueces, investigadores y ciudadanos. Esa neutralidad técnica es, paradójicamente, la garantía más sólida contra la manipulación política.
Sin embargo, la neutralidad archivística no exime al gobierno entrante de una responsabilidad política ineludible. De la Espriella ha anunciado una “batalla cultural” que, según sus propios términos, busca corregir lo que considera un sesgo ideológico en las instituciones. Si esa batalla se traduce en el desmonte del aparato de memoria y reparación construido desde el Acuerdo de Paz, habrá elegido el camino de la homogeneización que Flórez rechaza. La advertencia no es ociosa: en otros países de la región, gobiernos de derecha han clausurado archivos, destituido a investigadores y promovido narrativas que blanquean a las fuerzas de seguridad. Colombia no puede permitirse ese retroceso.
El caso de Jaime Garzón ilustra con claridad lo que está en juego. Asesinado en 1999, el humorista fue víctima de una operación que involucró a agentes del DAS y a paramilitares, según han establecido investigaciones judiciales. Su hermana Marisol recibió la segunda carpeta desclasificada, que ahora revisarán sus abogados en busca de pistas sobre los responsables intelectuales y el desvío de las investigaciones. Que esos documentos aparecieran en cajas de seccionales regionales, no en las de Bogotá, sugiere que el DAS dispersó información sensible para dificultar su localización. La tarea de reconstruir ese rompecabezas requiere tiempo, recursos y, sobre todo, voluntad política.
La desclasificación de los archivos del DAS es, en última instancia, una prueba de fuego para la madurez institucional de Colombia. No basta con entregar carpetas a las familias ni con publicar documentos en plataformas digitales. Se requiere que el Estado asuma, de manera permanente, la obligación de preservar la memoria de sus propias violaciones y de garantizar que las nuevas generaciones puedan conocerlas. Hannah Arendt escribió que el totalitarismo se caracteriza por la destrucción sistemática de la verdad factual; la respuesta democrática debe ser, entonces, la defensa intransigente de los hechos documentados. El gobierno de De la Espriella tiene la oportunidad de demostrar que entiende esta lección. Si la desperdicia, no solo habrá fallado a las víctimas del DAS, sino a la res publica misma.