A seis días de que concluya el gobierno de Gustavo Petro, las grabaciones divulgadas por la revista Semana y reportadas por El Colombiano reordenan el calendario judicial pendiente sobre el círculo más cercano de Verónica Alcocer. No se trata de un testimonio anónimo: la voz es la de Eva Ferrer Galcerán, asesora de comunicaciones desde 2021, consejera presidencial para la niñez y luego alta consejera para la Reconciliación, hasta su renuncia forzada en noviembre de 2023.
Ferrer formula acusaciones graves. Asegura que el empresario catalán Manel Grau habría entregado dos millones de euros a Alcocer durante la campaña; que familiares de la entonces primera dama operarían como testaferros; que Carolina Plata, amiga personal de Alcocer, recibió pagos en efectivo; y que Alcocer habría ejercido influencia sobre Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario. Sobre Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña de 2022, Ferrer afirma que su designación respondió a una tarjeta entregada a Alcocer.
El dato contractual aparece como primer punto de verificación. Según el reportaje de El Colombiano, Carolina Plata firmó tres contratos con el Departamento Administrativo de la Presidencia por 719.321.778 pesos. No son contratos intrínsecamente irregulares —el Dapre es un cliente habitual de asesorías—, pero la concentración de la contratación en una persona del círculo íntimo de la primera dama activa la obligación de revisar objeto, justificación y trazabilidad en Secop II.
Los procesos abiertos sobre Ricardo Roa dan contexto a la grabación. El Consejo Nacional Electoral concluyó que la campaña Petro 2022 habría superado los topes de financiación en más de 5.300 millones de pesos, mientras la Fiscalía investiga movimientos por 58.000 millones de pesos y Roa enfrenta imputaciones por presunta violación de topes y presunto tráfico de influencias. En ese expediente, la afirmación de Ferrer sobre una “tarjeta” entregada a Alcocer como llave para la gerencia de campaña añade un hilo que la Fiscalía debería contrastar con los registros financieros del movimiento.
La mención de Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario introduce otro vector: la posible captura de decisiones administrativas por un interés privado. Roa ya está formalmente vinculado a una investigación penal; cualquier señalamiento sobre nombramiento o direccionamiento desde la Casa de Nariño debe verificarse con los actos administrativos de designación, los comités de gobierno y la trazabilidad presupuestal. La Contraloría, en sus auditorías recientes a entidades como la Dian, tiene herramientas para cruzarlo.
Sobre los 173 millones de pesos en adquisiciones para las casas oficiales —incluido un televisor de 85 pulgadas por 27,5 millones—, el reportaje recuerda que el entonces director del Dapre, Mauricio Lizcano, defendió las compras como parte de la dotación recibida “sin sábanas, sin cortinas o sin colchones”. Ferrer sostiene que parte del dinero que se le adeudaba se redirigió a ese rubro. Si existieron movimientos entre rubros presupuestales sin soporte contractual, la Contraloría y la Procuraduría tienen competencia directa para abrir indagación preliminar.
El material no es conclusivo. Es la declaración de una exempleada con reclamos laborales pendientes, que abandona el gobierno tras un conflicto personal con Alcocer. Esa condición no invalida su testimonio, pero obliga a la Fiscalía a contrastarlo con documentos, trazabilidad bancaria y, sobre todo, con la evidencia que ya reposa en los expedientes abiertos. El CNE, la Contraloría y los jueces penales deben decidir qué afirmaciones resisten el peso probatorio y cuáles se diluyen.
Lo que queda claro es que, a menos de una semana del traspaso de mando, la transición no ocurre sobre un escritorio en orden. La publicación de los audios reabre la discusión sobre el uso del Estado durante el gobierno que termina y deja a la próxima administración —y al sistema judicial— la tarea de separar lo documentado de lo declamado.
Las investigaciones en curso determinarán si las palabras de Ferrer se traducen en imputaciones formales o en archivo. Mientras tanto, el deber del periodismo es registrarlas con su atribución exacta y exigir a las autoridades competentes que las contrasten con la documentación pública disponible.