A menos de seis semanas de la culminación del gobierno de Gustavo Petro, la difusión de audios atribuidos a una reunión del 2 de septiembre de 2022 entre el entonces alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, alias Jerónimo, del Clan del Golfo, vuelve a poner en el centro del debate la conducción de la política de paz con estructuras armadas.
Según lo reportado por Infobae Colombia a partir de grabaciones divulgadas por Noticias Caracol, en ese encuentro Rueda habría aceptado la solicitud del grupo armado de retirar de sus zonas de influencia a “grupos especiales infiltrados de la fuerza pública” y se habría comprometido a cancelar los bombardeos contra la organización. La cita textual atribuida al excomisionado —“Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres”— describe un esquema de paralización operativa que, de confirmarse, comprometería la capacidad ofensiva del Estado contra una organización que en ese momento estaba bajo cese al fuego unilateral.
El alcance de lo que se habría acordado no es menor. El propio Rueda, según la grabación, pidió al grupo armado entregar información sobre efectivos de la fuerza pública que desobedecieran la orden de frenar operaciones y aseguró que las decisiones se tomarían directamente con el ministro de Defensa. También mencionó una “depuración policial, militar y de organismos de inteligencia” en marcha como señal de confianza hacia la estructura criminal.
Hay tres problemas que estas grabaciones, de ser auténticas, dejan sobre la mesa.
Primero, la asimetría. Una organización armada ilegal, autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia, condiciona el avance de un proceso a la suspensión de operaciones militares y a la remoción de unidades especiales. El Estado, en lugar de fijar condiciones unilaterales, las acepta. La paz negociada no puede construirse sobre la base de que el actor armado dicte los términos de la fuerza pública.
Segundo, la opacidad. La reunión del 2 de septiembre de 2022, un mes después de la posesión presidencial, no habría sido formalmente registrada como acuerdo de la mesa de negociaciones, que se instaló posteriormente. Si existió, debió ser documentada y sometida al control institucional correspondiente. La política de paz no puede gestionarse en reuniones sin trazabilidad.
Tercero, la rendición de cuentas. A la fecha, la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía no han emitido, según la información disponible, decisiones públicas sobre el contenido de estos audios. La salida del gobierno en menos de seis semanas hace urgente que estas entidades, en ejercicio de sus competencias, determinen si hubo extralimitación de funciones, entrega indebida de información reservada o cualquier conducta que pueda configurar responsabilidad disciplinaria, fiscal o penal.
La línea editorial de La Bitácora es clara: la paz con grupos armados es una herramienta legítima del Estado, siempre que se someta al ordenamiento jurídico, preserve la fuerza pública como institución profesional y no se convierta en un mecanismo de entrega territorial. Las grabaciones reveladas por Noticias Caracol, en la forma en que fueron difundidas, apuntan en la dirección contraria.
El gobierno que termina dejará un proceso de paz con el Clan del Golfo en marcha. Pero el costo institucional de cómo se habrían sentado sus bases —según lo que estas grabaciones sugieren— recién comienza a dimensionarse. La transición hacia el próximo gobierno abre una ventana para que el Congreso, los organismos de control y la nueva cúpula militar exijan claridad sobre lo acordado y sobre lo que aún está vigente.
Una paz seria no se construye sobre audios filtrados. Se construye sobre documentos públicos, controles cruzados y respeto a la fuerza pública.