La Fiscalía General de la Nación reportó la desarticulación de Los Correcaminos, una estructura señalada de operar entre octubre de 2025 y junio de 2026 en el corredor Bogotá–Tunja y en al menos 19 municipios de Boyacá. Según el ente investigador, la organización habría causado afectaciones económicas superiores a 450 millones de pesos en 40 hurtos de autopartes. Cuatro personas fueron capturadas y presentadas ante un juez de control de garantías, que les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados, como reportó Infobae Colombia.
El caso expone tres elementos que merecen lectura detallada. El primero es la división de roles. La Fiscalía atribuye funciones específicas a cada capturado: logística, ejecución, transporte de herramientas y facilitación de la huida. Esa descripción coincide con el patrón de organización criminal que se observa en estructuras dedicadas al hurto calificado en el país: células pequeñas, funciones diferenciadas, bajo nivel de improvisación.
El segundo es la focalización en piezas de alto valor. La investigación indica que Los Correcaminos extraían computadoras, sensores y otros componentes electrónicos. La Fiscalía también advierte que esas piezas suelen alimentar mercados de clonación de vehículos. Esto desplaza el análisis desde el hurto común hacia un circuito económico ilegal más amplio, en el que la autoparte sustraída no termina en un taller informal sino en operaciones de reensamblaje y suplantación de placas.
El tercero es la geografía. Boyacá venía mostrando presión sobre corredores logísticos entre Bogotá y el nororiente del país. Que una estructura opere de manera sostenida durante ocho meses en 19 municipios sugiere dos cosas: o la capacidad de respuesta institucional en zona era limitada, o la banda se beneficiaba de condiciones locales que la Fiscalía todavía no ha detallado. Es una pregunta que el proceso judicial deberá responder.
La noticia contrasta con las cifras agregadas que entregó Asopartes para el primer bimestre de 2026. Según el gremio, los hurtos de vehículos cayeron 13% y los de motocicletas 12% frente al mismo periodo de 2025, mientras que el de autopartes mostró una reducción más modesta, de 2,3%, con 948 casos reportados en el país. En Bogotá, los incidentes pasaron de 238 a 204. El presidente del gremio, Carlos Andrés Pineda Osorio, sostuvo que se trata de una “recomposición del delito” y no de una mejora sostenida: las estructuras, dijo, se mueven hacia modalidades más específicas y con mercados ilegales más estructurados.
Esa lectura coincide con lo observado en el caso boyacense. La caída agregada convive con operaciones regionales de mayor sofisticación. La consecuencia operativa es directa: si el delito se especializa, la respuesta también debe especializarse. Eso implica trazabilidad real de autopartes —revisión de procedencia en talleres, marketplaces y chatarrerías— y controles en los puntos donde el corredor Bogotá–Tunja se intersecta con vías secundarias hacia Duitama, Sogamoso y Moniquirá.
También hay un ángulo judicial que conviene seguir. La imputación por concierto para delinquir y hurto calificado es la estándar para este tipo de estructuras. La medida de aseguramiento intramural ya fue ordenada. Lo relevante será verificar, en las audiencias siguientes, si la Fiscalía logra acreditar la conexidad entre los 40 hurtos y la organización, y si se identifica a los receptores de las piezas. Sin la cadena de comercialización acreditada, el proceso puede quedarse en la cúpula operativa y dejar intacta la demanda que alimenta el delito.
Por ahora, la desarticulación de Los Correcaminos es una noticia judicial positiva. Pero, a la luz de las cifras gremiales, es también un recordatorio de que las reducciones nacionales en hurtos no se traducen automáticamente en regiones seguras. El delito se mueve, y la institucionalidad debe moverse más rápido.