El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) publicó en Secop II dos procesos de contratación directa para los retratos oficiales del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, piezas que se instalarán en los halls de expresidentes y exvicepresidentes una vez concluyan sus funciones el 7 de agosto de 2026. Según la plataforma, el retrato del jefe de Estado fue adjudicado el 3 de julio al artista Luis Jaime Rojas Rodríguez por $75.000.000; el de la vicepresidenta, adjudicado el 2 de julio a Ada Ruth Margarita Ariza Aguilar, por $45.500.000. Ambos figuran en estado de “proceso adjudicado y celebrado”, bajo la causal de trabajos artísticos.
La cifra agregada —$120,5 millones— no es, en sí misma, un escándalo. La tradición de los retratos presidenciales es razonable en una república que conserva memoria visual de sus mandatarios. El problema es de otro orden: en un país donde el Comité Autónomo de la Regla Fiscal ha encendido alertas por recalentamiento, alta deuda y deterioro de las cuentas públicas, defender $75 millones para un óleo implica una tarea argumentativa que el Gobierno no ha hecho. El senador electo Andrés Forero lo planteó en términos fiscales; el representante Eduard Sarmiento respondió desde el Pacto Histórico defendiendo la inversión y recordando que “los artistas cobran”. Ambos tienen razón parcial. La cuestión de fondo es si el uso del dinero público en piezas conmemorativas, en este momento del ciclo económico, se compadece con el discurso de austeridad que el Ejecutivo invoca cuando se trata de recortar elsewhere.
La modalidad elegida —contratación directa— es jurídicamente viable para objetos artísticos y, según la información disponible en Secop, los procesos se ajustan a los requisitos de la causal. Pero la contratación directa en el Dapre no puede evaluarse caso por caso sin contexto. El mismo patrón se ha observado en la producción audiovisual sobre el almirante José Prudencio Padilla, en la que RTVC, según reportó Infobae, canalizó $8.104.424.000 con recursos del Ministerio de las TIC y de productoras privadas para un total aproximado de $15.000.000.000. Como publicó Infobae Colombia, el representante electo Daniel Briceño calificó la operación como entregada “a dedo” a Valencia Producciones FX y la describió como “la caja menor de los caprichos de Petro”. La exsenadora María Fernanda Cabal, por su parte, contrastó el costo estimado en unos cuatro millones de dólares con el faltante en el sistema de salud. Son afirmaciones atribuibles a los vocadores; las registro porque reflejan el clima político que rodea estas decisiones.
Hay, además, un punto de método. La transparencia en Secop no es lo mismo que la rendición de cuentas. Publicar un contrato no equivale a justificarlo ante la opinión: significa solamente que la administración cumplió con los ritos formales de publicidad. La pregunta que queda abierta es si el Dapre realizó comparaciones de mercado, si evaluó al menos tres cotizaciones y si el valor final se corresponde con los precios de referencia del sector artístico. La documentación de la fuente periodística no permite afirmarlo ni negarlo. Lo que sí permite es señalar la reiteración: dos contratos directos para arte en un fin de cuatrienio, en paralelo a un proyecto cinematográfico con participación presidencial y aportes públicos por $8.000 millones, dibujan un patrón de uso del presupuesto que merece explicación pública y, eventualmente, control posterior de la Contraloría.
No se trata de pedir que se eliminen los retratos: la galería de expresidentes es una institución republicana. Se trata de exigir que cada decisión de gasto, por pequeña o simbólica que parezca, se sustente con el mismo rigor con que se le exige al contribuyente cumplir con sus obligaciones. La austeridad se demuestra en los detalles, no en los discursos.