El dato
El presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que Medellín será la sede en Colombia del Escudo de las Américas, la alianza regional de seguridad impulsada por Estados Unidos. Según reportó Infobae, De la Espriella justificó la elección con una caracterización directa de la capital antioqueña dentro del mapa del crimen organizado. El alcalde Federico Gutiérrez respaldó públicamente la decisión y señaló que la propuesta se construyó durante un proceso de empalme territorial en el departamento en el que participó el gobernador Andrés Julián Rendón. El presidente Gustavo Petro respondió de inmediato con críticas a la decisión.
Hay, como mínimo, tres planos que conviene separar: política exterior, seguridad interior y gestión local.
Qué se anunció
De la Espriella afirmó, en declaraciones recogidas por Infobae, que la elección responde a la relevancia estratégica de Medellín y que la ciudad albergará la sede principal del convenio. El alcalde Gutiérrez explicó, en un video citado por el mismo medio, que la propuesta se originó en una conversación entre De la Espriella, el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, y defendió la postulación de la ciudad como sede operativa de la alianza.
Gutiérrez recordó además que Medellín ya opera como sede de Interpol y que trabaja de manera articulada con la DEA, el HSI y el FBI. Ese punto importa. La capital antioqueña no llega en cero a un esquema de cooperación internacional: hay presencia institucional previa de agencias estadounidenses, con sus rutinas, sus protocolos y sus limitaciones conocidas.
Lo que dijo el gobierno saliente
El presidente Petro defendió su gestión en seguridad y sostuvo que, durante su administración, la tasa de homicidios de Medellín descendió a niveles históricamente bajos y por debajo de la registrada en Bogotá. Atribuyó ese resultado, según Infobae, a la estrategia de diálogo implementada en cárceles, en barrios populares y con organizaciones juveniles, y advirtió sobre los efectos de una respuesta estatal de carácter confrontativo en zonas populares. Mencionó la Comuna XIII y la escombrera como antecedente que, a su juicio, debe evitarse, y llamó a privilegiar el diálogo interbarrial y la resistencia cultural frente a la narcocultura.
La cifra de reducción de homicidios en Medellín durante el periodo es verificable y efectivamente constituye un dato favorable. Lo que puede discutirse es si el descenso se explica principalmente por la estrategia señalada por el gobierno saliente, por una tendencia que ya venía en descenso o por una combinación de factores que incluya la propia dinámica de las organizaciones criminales. La violencia estructural en los barrios populares, además, no se agota en el indicador de homicidios.
Lo que está en juego
El centro del debate no es si Medellín necesita cooperación internacional para perseguir el crimen organizado. La necesita. La pregunta es bajo qué modelo operativo, con qué límites y con qué controles. Una alianza regional que llega con presencia directa de agencias extranjeras en tareas de seguridad urbana plantea, como mínimo, tres riesgos: el de la militarización de la respuesta en territorios donde la institucionalidad civil sigue siendo débil; el de la judicialización de eslabones menores mientras las estructuras financieras del narcotráfico permanecen intactas; y el de la politización de la cooperación, donde cada captura se convierta en capital electoral del gobernante de turno.
Queda por ver cómo se articula un esquema en el que un mismo actor combina el rol de alcalde con un alineamiento explícito con un presidente electo, y si esa configuración fortalece o debilita la autonomía municipal para fijar los términos del acuerdo.
La advertencia sobre la Comuna XIII
La referencia del gobierno saliente a la Comuna XIII no es retórica vacía. Constituye un recordatorio documentado de lo que ha ocurrido cuando operaciones de seguridad sin controles judiciales suficientes ni enfoque de derechos se ejecutan en zonas populares: primero las víctimas, después las investigaciones y, mucho después, la Escombrera. La memoria institucional de Medellín lo sabe, y por eso el argumento tiene peso, aunque la administración saliente no haya resuelto el problema de fondo de la violencia urbana.
Una transición con dos relatos
El país entra a un cambio de mando con dos lecturas de la seguridad en Medellín. Una ve en la cooperación internacional y en la presión sobre extraditables la oportunidad de golpear a las estructuras que eluden la justicia colombiana. La otra ve en el lenguaje confrontativo y en la presencia extranjera el riesgo de replicar errores del pasado. Las dos pueden tener razón en partes.
Lo que no puede la ciudad es convertirse en el laboratorio de la siguiente promesa incumplida, venga de donde venga. La transición entre Petro y De la Espriella se medirá, en buena parte, por cómo se ejecute este acuerdo, y por si esta vez la cooperación internacional se queda en extradiciones o si finalmente toca las finanzas del crimen organizado que, hasta ahora, las agencias presentes en la ciudad no han logrado rastrear hasta donde se lavan.