La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó un panorama crítico del cierre de campaña: 550 municipios muestran riesgos que van desde presencia de grupos armados hasta desinformación organizada. El resultado es uno solo: desconfianza de los ciudadanos en el proceso.
Para quien no siguió el hilo: la MOE es la red de observadores que monitorea elecciones en Colombia. No es gobierno. No es oposición. Es la radiografía más cercana que tenemos del estado real de la contienda electoral. Cuando dicen que hay un problema, hay que escuchar.
Los riesgos identificados no son menores. Presión sobre campañas, desinformación en redes sociales y la presencia de actores armados en territorios que concentran una porción significativa del electorado. Esto no es ruido de campaña. Es interferencia. El efecto neto es que 550 municipios ingresan a la jornada electoral con ciudadanos que no confían en que su voto cuente o en que el proceso sea limpio.
Lo importante ahora es qué hace el gobierno con esta alerta. La seguridad electoral no es solo responsabilidad de la Registraduría o la Policía. Requiere coordinación interinstitucional visible: presencia de autoridades civiles, control de desinformación en plataformas y, sobre todo, que el Estado sea creíble cuando dice que protege el voto. Hasta ahora, el déficit de confianza sugiere que no lo es.
La primera vuelta es en menos de una semana. Los municipios con riesgo ya conocen sus problemas. La pregunta es si las instituciones responden a tiempo o si dejamos que 550 territorios voten bajo sombra.