Yulixa Toloza, estilista de 52 años del sur de Bogotá, murió en lo que funcionaba como una clínica de garaje. El procedimiento se realizó en condiciones precarias, sin garantías sanitarias ni personal capacitado. El caso no es aislado en ciudades como Bogotá, donde proliferan espacios clandestinos de estética que operan sin supervisión.
La realidad es brutal: la demanda por servicios de belleza a bajo costo crea un mercado paralelo donde la seguridad no es negociable. Clientes buscan precios accesibles. Oferentes clandestinos responden. Las autoridades sanitarias no llegan. Entre esos dos puntos muere gente.
Secretarías de Salud municipales tienen competencia para inspeccionar establecimientos de estética. Pero en barrios populares, esa vigilancia es casi inexistente. No hay suficiente personal. No hay presupuesto. No hay coordinación entre entidades. Mientras tanto, en redes sociales y grupos de WhatsApp circulan promociones de “clínicas” que funcionan en domicilios sin registro alguno.
El caso de Yulixa es un recordatorio de que la desigualdad no solo es económica. Es también una desigualdad en el acceso a servicios seguros. Quienes tienen dinero van a lugares regulados. Quienes no, arriesgan sus vidas.
La pregunta que debería incomodar a la administración distrital es simple: ¿cuántas Yulixa más hay operando en garajes mientras nosotros leemos esto?