El general (r) Óscar Naranjo volvió a poner sobre la mesa un expediente que lleva casi dos décadas sin cerrarse. En entrevista con el comentarista Melquisedec Torres, aseguró que fue la Interpol la entidad que certificó, mediante una firma digital y un análisis forense, que los computadores decomisados en el campamento de alias Raúl Reyes no fueron alterados por las autoridades colombianas.
Según Naranjo, el entonces secretario general de la Interpol viajó a Colombia para explicar los detalles técnicos que confirmaban la integridad de los archivos. La afirmación no es nueva: forma parte del acervo probatorio y de las comunicaciones oficiales que rodearon la operación del 1 de marzo de 2008, en territorio ecuatoriano, que terminó con la muerte del entonces jefe guerrillero.
Lo relevante es el contexto en que se produce esta reiteración. La Silla Vacía publicó una investigación que concluyó que la aparición del nombre de Iván Cepeda en los archivos de Reyes no fue un montaje y que la versión según la cual el DAS habría modificado los contenidos carecía de sustento documental. El reportaje se apoya, entre otros elementos, en el informe de la Interpol que Naranjo ahora reivindica.
El punto crítico es otro. La justicia colombiana jamás se pronunció sobre la veracidad material del contenido de los computadores. Tanto la Corte Suprema de Justicia como la Fiscalía cerraron el debate por la vía procesal: declararon ilegales las pruebas por considerar que su recolección violó protocolos internacionales al haber ocurrido en territorio ecuatoriano sin autorización. Esa decisión dejó una zona gris que alimenta especulaciones desde 2008: los archivos existen, tienen una cadena forense certificada internacionalmente, pero no pueden ser utilizados como prueba en los procesos internos.
Esa tensión entre verdad forense y validez procesal es el verdadero nudo del asunto. La Interpol, según Naranjo, verificó que la información estaba inalterada. La justicia colombiana, por su parte, resolvió que la forma como se obtuvo la dejó por fuera del proceso. Son dos razonamientos que no se contradicen técnicamente, pero que en el debate público se mezclan de manera deliberada para sugerir fraudes que los informes forenses no avalan, o para descartar contenidos que la justicia nunca examinó en el fondo.
Como reportó La Silla Vacía, la investigación periodística revisó las cadenas de custodia, las actas deInterpol y los reportes técnicos disponibles, y concluyó que no hay evidencia de manipulación por parte del DAS. Esa conclusión coincide con lo expresado por Naranjo y con el pronunciamiento técnico de la organización internacional, pero se topa con el mismo muro que ha frenado cualquier definición judicial: el origen extraterritorial de la operación.
El episodio deja varias lecciones. La primera, institucional: cuando un país ejecuta una operación de esa magnitud sin coordinar adecuadamente con la jurisdicción vecina, compromete de raíz la validez de la evidencia que produce, por sólida que sea su cadena forense. La segunda, periodística: durante casi veinte años circularon versiones de montaje sin que los medios profundizaran en los dictámenes técnicos disponibles. La tercera, política: la certificación deInterpol existió desde el principio, pero no se tradujo en una decisión judicial que zanjara la controversia.
Reabrir el caso no significa revisitar el resultado de la operación de 2008. Significa asumir que Colombia necesita reglas claras sobre cooperación judicial transfronteriza, sobre el valor probatorio de las certificaciones internacionales y sobre los límites entre verdad forense y verdad procesal. Mientras esos vacíos persistan, cualquier nuevo testigo —incluido un exvicepresidente— volverá a chocar con el mismo muro de ilegitimidad probatoria que el expediente arrastra desde hace dieciocho años.