A cien días del cambio de gobierno, el jefe negociador Armando Novoa pidió una audiencia formal con la administración entrante para exponer los avances del proceso con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), estructura disidente de las Farc al mando de Walter Mendoza y alias ‘Araña’. La solicitud, según reportó Caracol Radio, se sustenta en un hecho verificable: 100 exintegrantes de ese grupo se desmovilizaron el 18 de junio y permanecen en un espacio temporal de transición a la vida civil.
El argumento de Novoa es operativo, no retórico. Ya hay personas que dejaron las armas y están en proceso de reincorporación. Interrumpir ese flujo sin garantías equivaldría, en sus palabras, a dejar el esfuerzo “a mitad de camino”. La frase tiene peso institucional: un proceso de paz no se mide por declaraciones sino por personas que efectivamente se desmovilizan, y esa cifra —100— es la única concreta disponible hasta ahora.
La solicitud choca con una decisión ya anunciada por el presidente electo: otorgar un mes a los grupos armados para someterse a la justicia. Novoa plantea una salvedad razonable. Un plazo único de 30 días no distingue entre estructuras que nunca han dialogado y una mesa que ya produjo dejación de armas verificable. Aplicar el mismo rasero sería, en la práctica, penalizar el avance.
Hay además un dato pendiente. Novoa afirmó que en la mesa se discute la posible dejación de armas de otros 100 integrantes de los Comandos de Frontera en Putumayo antes del fin del actual gobierno. Si esa cifra se concreta, serían 200 desmovilizados en menos de seis meses desde una estructura que hasta 2024 operaba como disidencia activa. Es un resultado que merece, como mínimo, una mesa técnica de transición.
La pregunta de fondo es institucional. ¿Quién responde por las garantías de reincorporación de quienes ya dejaron las armas? La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) tiene marco legal y presupuesto asignado, pero su continuidad depende del nuevo gobierno. Si la administración entrante decide reestructurar la ARN o modificar los beneficios de quienes están en proceso, el efecto sobre estas 100 personas —y sobre las próximas 100 que podrían sumarse— es inmediato.
Hay un segundo punto que Novoa no abordó y que conviene poner sobre la mesa. La CNEB no es un grupo homogéneo. Abarca facciones disidentes con presencia en Putumayo, Caquetá y zonas de frontera, con intereses de narcotráfico y rentas ilegales que no desaparecen con la desmovilización parcial. El proceso con la CNEB debe distinguir entre quienes se acogieron a la dejación de armas y quienes permanecen en la estructura armada. Una eventual mesa de transición con el nuevo gobierno debería partir de esa diferenciación, no tratarlas como bloque.
La solicitud de Novoa es, en suma, razonable y técnicamente fundada. Pero también es una jugada política: busca que el gobierno entrante quede vinculado a un proceso que no diseñó y que, según declaraciones del presidente electo, podría no compartir en su forma actual. La audiencia que pide Novoa no es solo informativa; es el primer movimiento de una transición que condicionará la política de seguridad de los próximos cuatro años.
La administración entrante debería responder con prontitud. No con un sí incondicional, pero tampoco con silencio. Las 100 personas que ya dejaron las armas son una responsabilidad del Estado colombiano, no del gobierno de turno. Y los próximos 100 que podrían hacerlo necesitan una respuesta clara antes de que termine julio.