Medicina Legal confirmó que once civiles menores de edad murieron en los combates del 27 de mayo en Barranco Colorado, Guaviare. Ocho eran niños, tres niñas. De los 48 cuerpos recuperados en la zona, los análisis forenses permitieron identificar a 43. Cinco aún sin identidad.
El hallazgo marca un punto crítico en la crisis de seguridad de Guaviare, región donde disidencias de “Calarcá” y de “Iván Mordisco” mantienen disputas territoriales sin control estatal efectivo. Para quien no siguió el hilo: estos enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado decenas de muertos en meses recientes, con civiles atrapados en territorios donde la presencia institucional es marginal.
La cifra de menores fallecidos plantea una pregunta que trascienda los números: qué significa que once niños y niñas civiles vivían en una zona donde grupos ilegales libraban combates de esa magnitud. No se trata de especular sobre participación de menores en el conflicto, sino de reconocer la exposición de población civil a violencia armada sin contención estatal. Medicina Legal entregó los datos. Lo que sigue corresponde a otras instituciones: fiscalía, fuerzas de seguridad e gobiernos locales deben explicar qué mecanismos de protección fallaron y por qué poblaciones civiles, especialmente menores, permanecen en territorios donde los grupos armados operan sin restricción real.
La presencia de menores fallecidos en un enfrentamiento de esa escala no es un dato aislado. Refleja un patrón: poblaciones civiles viviendo en zonas de disputa territorial sin acceso a seguridad institucional básica. Eso es lo que Medicina Legal reportó. Ahora es turno de que el Estado explique cómo se llegó a esta situación y qué debería cambiar para evitarla.
Fuente: Infobae Colombia, Lina Muñoz Medina, 3 de junio de 2026