Colombia volverá a tener a Alejandro Ordóñez Maldonado como embajador ante la Organización de Estados Americanos, cargo que ya ejerció entre 2018 y 2022 durante el gobierno de Iván Duque. El anuncio, según reportó La Nación de Neiva, se inscribe en el proceso de empalme de la administración que asume el 7 de agosto y fue confirmado por el asesor Carlos Suárez, vinculado al equipo del presidente Abelardo De La Espriella.
La designación no llama la atención por el nombre sino por el momento en que se produce. Ordóñez no es un diplomático de carrera ni un académico especializado en relaciones internacionales: es abogado y politólogo de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con tres décadas de trayectoria en la rama judicial y los órganos de control. La hoja de vida reseñada por La Nación lo sitúa como exmagistrado del Tribunal Administrativo de Santander, expresidente del Consejo de Estado y exprocurador general de la Nación entre 2009 y 2016.
Esa última función sigue siendo el hecho más reconocible de su trayectoria pública. En 2013, siendo jefe del Ministerio Público, sancionó al entonces alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, por la implementación del esquema de basuras en la capital. La decisión fue revocada posteriormente por la Comisión de Disciplina Judicial, según quedó documentado en los reportes de la época. El episodio, más allá de su desenlace judicial, dejó instalada a Ordóñez en el debate político como una figura asociada al antipetrismo. Quince años después, ese perfil parece ser el activo principal de su regreso a Washington.
La lectura que hace falta es, entonces, política antes que diplomática. La OEA atraviesa una etapa de redefinición: tras la elección del nuevo secretario general y el reposicionamiento de varios países del Caribe, el organismo busca reconstruir consensos sobre Venezuela, Nicaragua y Haití. Nombrar a un exprocurador con trayectoria de defensa cerrada del orden institucional envía una señal precisa al cuerpo diplomático: la diplomacia colombiana privilegiará el discurso de derechos humanos con acento en separación de poderes e independencia judicial, por encima de la búsqueda de equilibrios con gobiernos autodenominados progresistas.
Hay, sin embargo, dos interrogantes que la Cancillería entrante aún no ha despejado. El primero es de procedimiento: ¿el Senado citará a sesiones extraordinarias para dar trámite al acta de acreditación, o se recurrirá a la figura de encargo en misión especial, como ocurrió durante el primer periodo de Ordóñez? El segundo es de coherencia: la administración que arranca prometió una diplomacia comercial y de apertura, pero el perfil elegido responde más a una lógica de batalla cultural interna que a la construcción de mayorías en un organismo donde el país requiere aliados y no tribunos.
La experiencia previa de Ordóñez en el cargo, según reportó La Nación, fue discreta en términos mediáticos, y eso puede jugar a su favor. A diferencia del primer ciclo, esta vez llega con tareas más operativas: sostener el respaldo al informe sobre Venezuela, acompañar misiones de observación electoral y defender la postura histórica de Colombia sobre el principio de no intervención. Lo que está en juego es la consistencia de una política exterior que durante dos décadas osciló entre el alineamiento automático con Washington y los giros ideológicos del Palacio de Nariño.
Ordóñez no es el personaje más dúctil para navegar esa ambigüedad. Pero su hoja de vida le garantiza, al menos, una cosa: nadie podrá acusarlo de contemporizar. La pregunta que queda abierta es si la convicción personal, sin oficio diplomático, alcanza para defender los intereses del país en una organización cada vez más fragmentada.